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La deuda pública es un tema que incomoda y preocupa, pero que hasta ahora no se aborda con una polí­tica financiera integral que se asemeje a una estrategia o un plan de pagos que parezca realista. Y no es estática, pues en los últimos años deja ver un importante crecimiento desproporcional a las medidas amortizadoras aplicadas por el Gobierno.

De acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat), a septiembre pasado, la deuda pública interna de Guatemala sumó Q44 mil 194.1 millones, mientras que la deuda externa llegó a Q42 mil 623.65 millones –equivalente a 5 mil 475.1 millones de dólares con el tipo de cambio a Q7.785–. A eso debe sumarse un aproximado de 6 mil millones por concepto de deuda flotante, que oficialmente no está registrada en las contabilidades públicas, pero que según Edgar Balsells, ex ministro de Finanzas, serí­a el monto promedio.

En suma, el Estado debí­a hasta septiembre 92 mil 817.75 millones de quetzales, lo que se podrí­a equiparar –en una estimación conservadora– al presupuesto estatal para dos años. ¿Está preparado Otto Pérez Molina para asumir la Presidencia con esta herencia?

¿NO MíS DEUDA?

Pavel Centeno, quien según Pérez Molina será nombrado ministro de Finanzas en su gobierno, dijo que requerirá de una reorganización de las finanzas públicas y una estrategia para incrementar los ingresos del Estado, además de una polí­tica firme para no contraer más compromisos financieros, y así­ poder contribuir al pago de la deuda pública.

“Para pagar la deuda se tiene que programar en el presupuesto, porque lo que ha sucedido es que se contrata deuda para pagar deuda, y eso significa que ya no tenemos los recursos suficientes para honrar nuestros compromisos”, explicó.

Para incrementar los ingresos fiscales, Centeno indicó que promoverá una reforma fiscal, la modernización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –para combatir el contrabando y la defraudación fiscal– y planteará una estrategia para elevar los ingresos no tributarios. “Con esos tres componentes nosotros podrí­amos mejorar los ingresos fiscales y de esa forma ir reduciendo, primero, endeudarnos para pagar deuda y segundo, reducir el endeudamiento público, tanto interno como externo”.

Al consultar sobre la negativa que ya ha pronunciado el sector privado organizado sobre una reforma tributaria, el futuro ministro señaló que mantiene comunicación abierta con el empresariado, y entiende que su oposición va contra el alza a los impuestos y la falta de transparencia en el gasto público, dos elementos que se tienen muy presentes en su plan de trabajo.
 
En cuanto al tratamiento de la deuda flotante, Centeno estimó que debe ser diferente al resto de compromisos: “Primero tenemos que saber cuánto es, hay mucha especulación al respecto, hay mucha especulación pero no se sabe exactamente cuánto es. Nosotros vamos a hacer estudios que de alguna manera nos puedan proporcionar cuanto antes ese monto”, puntualizó.

EL LEGADO COLOM

Si bien Colom no es el responsable del endeudamiento en su totalidad –pues heredó compromisos financieros de su antecesor–, también tiene su parte en esta situación, pues durante su administración se adquirieron varios empréstitos.

De acuerdo con el Banguat, al 31 de diciembre de 2007, la deuda interna se situaba en Q24 mil 191 millones, lo que significa que en tres años y medio esta aumentó Q20 mil 003.1 millones.

En cuanto a la deuda externa, el banco central informó que al 31 de diciembre del 2007 alcanzó  Q32 mil 899.41 millones –US$4 mil 226 millones–, por lo que en tres años se incrementó Q9 mil 724.24 millones –US$1 mil 249.1 millones–.

Algunas entidades con las que se tiene parte de la deuda son Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Banco de Inversiones, Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.

Estas cifras son el resultado de una administración financiera que se ha endeudado a un ritmo superior, en comparación con la amortización de sus compromisos.

í‰dgar Balsells, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno de Colom entre agosto y noviembre de 2010, considera que la deuda flotante –no aprobada por el Congreso– podrí­a alcanzar Q6 mil millones, de los cuales corresponderí­an en un 50 por ciento a los compromisos adquiridos por el actual gobierno.

Sobre el tema, el exfuncionario analiza la situación del paí­s destacando sobre todo, la “irresponsabilidad” del presidente Colom y el ex ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, por incrementar la deuda flotante con la contratación de empresas para realizar obra gris.

“Ellos tení­an una dinámica muy fuerte de proyectos con el programa Gobernando con la Gente; en esto también hay mucha irresponsabilidad de los contratistas  privados porque ganan contratos y luego estos se les ampliaban fácilmente por medio de una serie de mecanismos legales que tiene el Ministerio de Comunicaciones”, explicó.

Según el exfuncionario, esta facilidad para ampliar fue impulsora para aprobar proyectos que no tení­an fuente de financiamiento “sobre todo del 011, que son los ingresos tributarios de la caja”.

A la fecha, no existen datos oficiales respecto al monto de la deuda flotante, pero la percepción con la que el exfuncionario salió de la cartera de Finanzas es que sólo en este Gobierno la suma es de más de Q3 mil millones, adicionando a esto una cantidad igual no pagada por la administración de í“scar Berger.

Sobre este tema, Balsells también se cuestiona respecto al papel que hasta el momento ha jugado la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), pues estima que no tiene ningún tipo de control sobre los contratos de la cartera de Comunicaciones.

Se intentó conocer la cifra real de la deuda flotante en una consulta por la ví­a del correo electrónico a la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Finanzas, pero los responsables de esa dependencia no respondieron.

“CRUDA REALIDAD”

“Este es un tema técnico, pero hay que ver la realidad tan cruda como es, y no hay cómo pagar esta deuda. Hace un año, antes de irme (de la cartera de Finanzas) se habí­a planteado que se tení­a que hacer un convenio para el Fondo Monetario para un convenio que se llama acuerdo stand-by  (que permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los paí­ses, y respaldar polí­ticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible), pero el actual Ministro (Alfredo del Cid) retrasó cualquier convenio”, asegura Balsells.

El exministro también explica que se debí­an hacer auditorí­as del monto de la deuda flotante, el cual estaba programado para tener listo en enero o febrero de 2010, pero aún no se ha revelado nada al respecto “y esa es una harta responsabilidad del Ministerio de Finanzas”, dice.

Lo preocupante, respecto a la deuda flotante, según la experiencia de Balsells, es que no se ha preparado ningún mecanismo para pagar esta deuda; es más, asegura que ni siquiera existen métodos para calcular el monto en que se encuentra.

Ricardo Barrientos, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, estima que debido a la crisis económica mundial ocurrida en el último trimestre de 2008, el Gobierno guatemalteco debió recurrir a la deuda por emergencia, por lo que la medida fue correcta en 2009  e incluso 2010, pero estima que para 2011 y 2012 esto ya no tiene sentido y el ritmo de adquisición de deuda sigue elevada hasta la fecha.

En ese sentido, el experto considera que para frenar el endeudamiento es necesario que se analice la propuesta en marcha del grupo promotor del diálogo fiscal que se presentó en 2008, denominado Programa de Modernización Fiscal, para una reforma fiscal integral que tiene temas como transparencia y recaudación tributaria, incluyendo la Ley Antievasión II.

Para frenar la deuda flotante, Barrientos explica que es necesario que la CGC investigue y sancione la violación a las disposiciones legales antes citadas. Además, considera que si las obras de esos contratos aún no se han realizado, estos deben ser anulados inmediatamente.

De otro modo, asegura, si las obras ya fueron terminadas, estas deben ser auditadas y deducir responsabilidades, puesto que muchas han colapsado con las últimas emergencias climáticas.

Por su parte, el exministro considera que ahora se debe hacer un proceso de Roll Over, término inglés que determina el traspaso de posiciones de un contrato que finaliza a otro que todaví­a tiene lejano su término.

Pero Balsells estima también que mientras no se haga una reforma tributaria y mientras no se ponga cuidado en la contención del gasto, poco podrá lograrse. Además, dice, un Pacto Fiscal tampoco es suficiente para adelantar en este tema.

Lo que es un hecho, según Balsells, es que esta situación se debe abordar forzosamente sí­ o sí­ el próximo año, buscando mecanismos de pago a mediano y largo plazo y castigar a los contratistas que han sido irresponsables al aceptar contratos sin respaldo financiero y dejar de pagar deuda con más deuda.