Por supuesto, hay qué hacerlos, ya que la ley va siempre detrás de los constantes cambios sociales. Pero el proceso de adaptación de aquélla a éstos es lento y tortuoso, y a veces peor, falto de voluntad polí­tica. ¿Qué hacer entonces? Ni más ni menos: concienciar a la población sobre que ella sea el principal contralor de la legalidad ya que los órganos encargados por el Estado al efecto funcionan deficientemente. De modo que la población puede lograr el fiel cumplimiento de la normativa vigente con solo alzar su voz de denuncia constante sobre que el sistema legislativo, si bien requiere de algunos cambios operativos como se advierte, con lo que se tiene, es suficiente para logar que el funcionario encargado de aplicarla, lo haga eficazmente.

La propia Constitución dispone la manera como debe ejecutarse el gasto público, por ejemplo, y además, todo un bagaje de legislación ordinaria desarrolla esos principios generales en ella indicados. ¿Por qué no se cumple ello entonces? Porque el pueblo con su desidia en relación a la cosa pública y su pensamiento centrado sólo en el interés individual, ha permitido que la inmoralidad impere y que sean los que únicamente piensan en su interés individual los que gobiernen, con olvido absoluto del bien común, y de toda otra serie de valores y principios que rigen la vida en sociedad, haciendo ésta, naturalmente, más conflictiva de lo que ya es y aumentando notoriamente los conflictos interpersonales, debido precisamente, a esa insatisfacción, lo cual determina la situación presente de angustia existencial, y por supuesto, de ingobernabilidad e incremento desmesurado del crimen y otras conductas sociales reprobables.