Nadie duda de la desesperación de las ví­ctimas, que ante la mirada cí­nica de los malhechores, deben soportar dí­a a dí­a los embates de la anarquí­a guatemalteca y de las precariedades del sistema de justicia. Como consecuencia de ello, las turbas enardecidas gritan, queman y golpean hasta acabar al “enemigo” en un esfuerzo desesperado para consumar lo que consideran un acto de justicia, aunque según la ONU, realmente representa una ruptura del valor de la vida, que degrada tanto a los victimarios como a la comunidad que los tolera y sustituye los lazos de solidaridad, por el temor, el odio, la desconfianza y la violencia. La tradición de los linchamientos no se detiene, pues las causas que los propician no desaparecen, y por el contrario, continúan reproduciendo un modelo de libertinaje que en nada beneficia a la aplicación de la justicia. ¿Estamos jugando con fuego? ¿Hasta dónde nos llevarán estas prácticas?

La herencia de violencia que dejó la guerra interna, así­ como la debilidad de las instituciones de seguridad, la ausencia de entidades estatales en territorios aislados, el surgimiento de grupos clandestinos de “seguridad”, un problema de impunidad generalizado y la actitud de una sociedad que no demanda y se involucra para exigir mejoras a un sistema fallido, crearon el caldo de cultivo para hacer de la represión un acto público, despiadado e implacable, materializado en los linchamientos, de acuerdo con informes y especialistas en el sector justicia y de derechos humanos.

La Policí­a Nacional Civil (PNC) registró 37 ví­ctimas por esa razón –incluidos dos menores de edad–  desde enero hasta septiembre pasado, mientras que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) da cuenta de al menos 131 en el informe “Muerte Violenta por Linchamientos / Casos y Ví­ctimas”.

Pero un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala refiere que sólo en octubre cuatro personas resultaron muertas y así­ se cuentan 234 ví­ctimas por linchamientos en lo que va del 2011.

La diferencia considerable en las cifras que maneja cada entidad obedece por principio a las fuentes de información. La Policí­a Nacional Civil las obtiene con denuncias, el PDH por medio de monitoreo de medios y la OACNUDH con análisis profundos.

Si se toman en cuenta las cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), este tipo de sucesos se incrementó en un 398 por ciento desde 1996, cuando se reportaron 47 casos. En la actualidad, cada mes se cometen en promedio 23 eventos violentos.

Eso demuestra que lejos de desaparecer, cada año se cuentan más ví­ctimas en esa práctica y se enraí­za más la costumbre de “aplicar la justicia con la propia mano”, aunque según la ONU representa una  ruptura del valor de la vida, que degrada tanto a los victimarios como a la comunidad que los tolera y sustituye los lazos de solidaridad, por el temor, el odio, la desconfianza y la violencia.

EL PRINCIPIO

A 15 años de firmados los Acuerdos de Paz, los linchamientos crecen exponencialmente. Los analistas creen que es necesario comprender las causas del fenómeno para entender su evolución y proponer soluciones.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sostiene que los linchamientos se generan a partir del vací­o de poder dejado por el enfrentamiento armado. A ello se suma la destrucción de los modelos de convivencia tradicionales, la ruptura del sistema de gobernanza y justicia indí­gena, y la imposición de un modelo social militarizado.

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), señala el factor “histórico”, luego de la reciente guerra interna caracterizada por las ejecuciones extrajudiciales y actos similares al margen de la ley, como uno de los principales ingredientes para el caldo de cultivo que derivó en la violencia actual.

“Las Patrullas de Autodefensa Civil realizaban los linchamientos en las plazas y lugares públicos, como una medida represora para intimidar y evitar la insurgencia en las comunidades. Todaví­a se encuentran muchos resabios de eso en el paí­s”, explica.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), señala que la impunidad generalizada, así­ como la debilidad y en algunos casos la ausencia de las instituciones de seguridad y justicia en ciertas localidades propician los escenarios anarquistas.

También menciona el surgimiento de grupos paralelos de seguridad y la falta de entendimiento dentro de las mismas comunidades entre las causas de los linchamientos. “Son todos estos factores los que crean un clima de ingobernabilidad y desesperación, porque no se está atendiendo la demanda básica de justicia de las personas; esto desencadena las acciones violentas y descontroladas de algunos grupos y si no se actúa pronto, tienden a crecer”, apunta.

La OACNUDH expresó “gran preocupación” por el incremento alarmante de linchamientos en ese paí­s e instó al gobierno a cumplir con la obligación de proteger a su ciudadaní­a.

“Los linchamientos ponen en entredicho el monopolio estatal del uso legí­timo de la fuerza y evidencian la falta de cumplimiento por parte del Estado de su deber de protección de las personas dentro de su jurisdicción”, apuntó la Oficina.

Del mismo modo, la ONU hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas y a la sociedad en general a repudiar los linchamientos, una práctica de la que se tienen registros en distintos puntos del paí­s, pero que en el mapa deja ver concentraciones de conflictividad. Es el caso de Huehuetenango.

HUEHUETENANGO

Autoridades y representantes de instituciones pro defensa de los derechos humanos en Huehuetenango manifestaron su preocupación y repudio por los 24 linchamientos ocurridos este año en distintas comunidades del departamento.

Byron Herrera, delegado departamental de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) se unió al repudio que causó nuevamente el linchamiento ocurrido el pasado 26 de octubre en la población de Santa Cruz Barrillas.

En declaraciones a la agencia de noticias Cerigua, el funcionario lamentó que esas prácticas hayan aumentado en este municipio, que ocupa el primer lugar en el departamento.

Herrera explicó que en el hecho fueron vapuleados tres jóvenes por una turba de vecinos, a quienes acusaron de cometer hechos delincuenciales; de esa forma  falleció Nicolás Alejandro Juan, de 19 años, mientras que Moisés Nehemí­as y Pablo Francisco, de 18 años, fueron entregados a la Policí­a Nacional Civil (PNC), y consignados a los tribunales de justicia en la localidad de Santa Eulalia.

El delegado de COPREDEH reiteró que esta población sigue incurriendo en la práctica de linchamientos en los últimos años, lo que esa entidad ha tratado de corregir a través de la sensibilización a lí­deres comunitarios, pero los ilí­citos continúan ejecutándose por varias razones, entre ellas la pérdida de confianza en el sistema y en los operadores de justicia.

LA CLAVE

Samayoa califica de imprescindible el fortalecimiento institucional y financiero de las instituciones dedicadas a la seguridad y justicia, así­ como la capacitación de sus operadores para que ejerzan su labor bajo esquemas de seguridad democrática.

También considera urgente el desmantelamiento de las juntas locales de seguridad que funcionan bajo el patrón de grupos clandestinos de seguridad y en su lugar, se consoliden sistemas locales de seguridad, que fomenten la participación ciudadana y atienda las necesidades especí­ficas de cada sector.

El representante del IECCP cree que muy importante es, también, reconocer el pluralismo jurí­dico y aplicar los mecanismos de resolución de conflicto de los pueblos, como una medida promotora de la paz.

ONU-Derechos Humanos recuerda que revitalizar los sistemas indí­genas de justicia y sus formas tradicionales de solución de controversias; fortalecer el papel de las autoridades indí­genas; acercar la justicia a las zonas rurales y urbanas marginadas y superar los patrones culturales violentos y la existencia de mecanismos sociales autoritarios, siguen constituyendo el camino para erradicar el fenómeno de los linchamientos.