Tal y como lo destaca este vespertino en su edición del día miércoles de la semana en curso, ílvaro Colom Caballeros, actual Presidente de la República y Otto Pérez Molina, Presidente Electo, iniciaron el proceso de transición entre uno y otro equipo de gobierno, sin duda dentro de un marco necesario de comunicación, el cual en todo caso tampoco puede ser entendido como una dádiva, pues es su obligación. Sin embargo, este necesario proceso de transición no debe dejar de lado lo más importante, la obligación que tiene por un lado el Presidente que entrega el Gobierno de que él, sus Ministros de Estado, Funcionarios y todo aquel que haya manejado cuentas públicas entregue las mismas o bien que ante la ausencia de dicha entrega le sean exigidas por el nuevo Gobierno.
Nuestra Constitución Política de la República ordena en su artículo 232 que sea la Contraloría General de Cuentas de la Nación la institución que fiscalice la actividad de todos aquellos que hayan ejercido funciones públicas o bien que por delegación del Estado hayan administrado fondos del mismo. El mundo ideal demandaría que los funcionarios que se retiran promovieran la rendición de las cuentas que administraron, eso evidentemente no sucede y el problema se acentúa, cuando en la mayoría de los casos, los procesos que inicia la Contraloría, no cuentan con el conocimiento público o quedan entrampados entre recursos y la percepción del Ciudadano de a pie es que en Guatemala los funcionarios no rinden cuentas o estas jamás se les reclaman. En el presente caso la campaña del Presidente Electo muchas veces trajo a colación el despilfarro, el interés político en la asignación de los fondos públicos o el robo de esos mismos fondos, razón por la cual corresponde al nuevo Gobierno el supervisar que la Contraloría General de Cuentas de la Nación ejerza su función o bien si tiene pruebas de todos los señalamientos que hizo durante la campaña que los presente a los tribunales de justicia para que allí se juzgue a los responsables. El día de ayer, según la edición del matutino Prensa Libre ya la ex primera dama, Sandra Torres, retó a que se le investigue en el manejo de los fondos que utilizó para los programas sociales, por supuesto esta solicitud no puede caer en saco roto y es obligación de las nuevas autoridades el investigar el manejo de fondos del Estado, simplemente no era su empresa, era el dinero de todos. Una transición ordenada es importante, una sucesión de mando que mantenga aquellos programas que si han funcionado, es necesaria y evitaría muchos años perdidos en volver a retomar el camino, ahora bien, lo que es indispensable, no puede postergarse y debe de ser una premisa de todo Gobierno, es investigar, fiscalizar y en su caso procesar a todos y cada uno de los funcionarios que se retiran, sólo así la población sabrá que no estamos ante “el hoy por ti, mañana por mí†que nos ha acompañado ya durante tantos Gobiernos.