Los últimos 25 años de democracia nos han permitido observar cambios de los diferentes regí­menes de turno por medio de elecciones libres y con ello la posibilidad de los ciudadanos de ejercer su derecho polí­tico de elegir y ser electo; sin embargo, este ejercicio se queda limitado en función de la necesidad de profundizar el ejercicio de la democracia como forma de convivencia polí­tica y social, principalmente cuando es fácil colegir que los resultados acumulados de este cuarto de siglo democrático han sido bastante magros en términos de diferentes aspectos como la desigualdad; la pobreza y pobreza extrema y las recurrentes crisis en salud; la falta de verticalización de la educación en contrario a su ampliación; el crecimiento del déficit de vivienda, principalmente en términos cualitativos; la baja calidad y poca duración de la infraestructura vial y otras expresiones propias de la gestión de los diferentes gobiernos de turno; en donde todos nos han dejado en deuda.

Este análisis de resultados demuestra que no necesariamente el recambio de regí­menes por medio de elecciones constituye una cuestión determinante en términos de la redistribución del poder, de la riqueza y de la mejora permanente de las condiciones de vida de la mayorí­a de habitantes del paí­s; principalmente aquellos que presentan una situación de mayor fragilidad social como los que viven en el área rural; los pueblos indí­genas; las mujeres, los niños y los ancianos.

De hecho todo ello refleja, además, que durante este espacio democrático no se ha querido construir un Estado que presente una caracterí­stica de mayor articulación para mediar la interrelación entre la sociedad y el gobierno; así­ como no cuenta con las capacidades para plantearse como una estructura sólida que pueda responder a las demandas de la sociedad; ni mucho menos los regí­menes de gobierno, han podido tomar equidistancia de las esferas de poder económico del paí­s, quienes persisten en mantener sin ningún cambio su capacidad de intervenir en las decisiones de cualquier régimen, así­ como mantener obstinada y equivocadamente las relaciones de poder y con ello no permitir la mí­nima movilidad social en la estructura económica del paí­s.

Como bien explica Fernando Savater en la entrevista que le hicieron en Guatemala y que fue publicada el domingo anterior por el diario elPeriódico: “El tirano, o incluso un gobernante más o menos autocrático, se mantiene en el poder gracias a haber creado muchos intereses de gente que le interesa que se mantenga.  Los dictadores no se mantienen por lo guapos o inteligentes que son, sino porque han creado un grupo de intereses poderosos en mantenerlos y están defendidos por estos intereses”.  Guatemala es un ejemplo particular en este sentido, pues las élites han perpetuado su poder sin ninguna modificación, a pesar de la democracia y de gobiernos electos libremente, pues su capacidad de presión y de decisión es tan elevada que no permite cambios mí­nimos en el estado de cosas y continúan ejerciendo su poder de veto ante cualquier iniciativa que pretenda introducir modificaciones en el juego de poder existente. La corrupción es uno de los mecanismos que permite mantener sin cambio la situación de poder, en donde los funcionarios de cada régimen se hacen millonarios y las élites permiten y promueven este tipo de situaciones y así­ cooptar al gobierno y evitar cambios sustanciales en la dinámica del poder y la distribución de la riqueza.

Lo más lamentable es que sus máximos representantes mantienen el mismo discurso de hace muchos años, sin ni siquiera darse el tiempo de analizarlos con detenimiento y sin darse cuenta que la realidad social, económica y polí­tica de este paí­s es diferente y que las dinámicas internacionales también han cambiado considerablemente, pero acá persisten en su resistencia obcecada a la reforma tributaria, aun cuando tanques de pensamiento serios como FLACSO, ASíES y FUNDESA les plantean la necesidad de apertura, de cambio, de otra visión sobre las perspectivas del paí­s.  De esta cuenta este nuevo régimen constituye uno de los que tendrá bajo su responsabilidad una conducción de las más difí­ciles, justamente en un momento en que el modelo polí­tico trazado desde la Constitución Polí­tica de 1985, muestra serias evidencias de agotamiento.  Este nuevo gobierno tiene la oportunidad de iniciar un proceso hacia un nuevo estado de cosas, destinado a modificar la estructura de poder y romper para siempre esa necesidad impostergable de la reforma tributaria y de constituir el presupuesto de gobierno en un auténtico instrumento de redistribución.