Resulta ser que a nuestros flamantes dirigentes deportivos se les ha vuelto un problema el cumplir con un ofrecimiento que alguna vez formularon para incentivar a los de la cúspide olímpica a triunfar en los diversos campeonatos regionales.
Y es que como los jerarcas nunca se imaginaron que el éxito de nuestros deportistas sería tal, en los recientes Juegos Panamericanos de Guadalajara, la provisión de quetzales contantes y sonantes que reservaron, –aparte de los gastos, y prebendas por supuesto–, de cierre del año, se queda corta en cerca de un millón de quetzales.
Y como se trata de diversos entes autónomos, cada uno de los mandamases del deporte ha dado declaraciones contradictorias entre sí, al punto que el del Comité Olímpico se hace de las del avestruz en cuanto al ofrecimiento, arguyendo incluso que tal emolumento ya perdió vigencia y sólo fue ofrecido en forma temporal.
Mientras ello sucede, el más populista de todos, Gerardo Aguirre, quien ostenta incluso dos sillas distintas (cobrando en las dos por supuesto), ha declarado que la dádiva será cumplida, “no importa en dónde se encuentren los fondosâ€. Aguirre persigue consultar a la controversial y polémica “Asamblea del Deporte Federado†seguramente para evaluar si los presidentes federativos ceden algo de los aportes anuales de que gozan.
Mientras todo ello sucede, otro personaje con dos sombreros, al igual que Aguirre, el señor Bryan Jiménez, quien funge como presidente del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, Conader, que es el ente coordinador del deporte, –seguramente porque aún mantiene su figura antigua de “Comisionado†del presidente Colom– y como presidente electo de la Federación de Futbol, ha salido con el argumento de que los fondos que reciben del Estado han menguado, cosa por demás falsa.
El deporte, al igual que lo que ocurre con las municipalidades del país y otros entes autónomos, que se nutren del aporte constitucional, ha incentivado un cúmulo de intereses que en algunos casos se trata de verdaderas mafias, que han llegado a depredar nobles instituciones y que, como en el caso que hoy analizamos, canalizan los recursos dinerarios hacia destinos opacos y de escaso impacto en el desarrollo de la juventud y el capital humano del país.
En el caso de la ampliamente conocida “Asamblea del Deporte Federadoâ€, por ejemplo, que resulta ser el máximo órgano de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, la significativa cantidad de recursos que se aporta constitucionalmente se convierte en una regadera de fondos distribuidos en un abanico de federaciones, sin mayor distingo de su incidencia cultural y su membresía e impacto en los segmentos más necesitados, pues los fondos per cápita asignados al baloncesto son altamente menores que los del polo o el tenis.
Pero lo que más sorprende es que una actividad que en el próximo año recibirá cerca de 800 millones de quetzales y que ha recibido en estos 25 años de Constitución democrática más de 10 mil millones de quetzales, no tenga una reserva, ni una provisión de un millón de quetzales, para honrar un compromiso asumido alguna vez.
Andan a tres menos cuartillo, no tienen inversiones institucionales, depredan los fondos en prebendas y negociazos, al igual que otros entes que se alimentan del ansiado aporte constitucional, lo cual es una muestra más de la urgencia de reformar el Estado.