El Departamento de Justicia federal exigió ayer información sobre alumnos inscritos a las escuelas públicas de Alabama, tras recibir quejas sobre posibles casos de discriminación a raíz de la nueva ley migratoria en ese estado.
Sin embargo, un prominente abogado de Alabama señaló que no hay motivos legales suficientes para atender la petición.
Los nuevos hechos marcaron la continuación de las críticas mutuas entre el secretario de Justicia de Alabama y el gobierno federal en torno de la ley migratoria del estado.
El Departamento de Justicia dijo que evalúa posibles violaciones a la ley de derechos civiles.
El secretario de Justicia de Alabama, Luther Strange, dijo que los funcionarios federales no le han mostrado autoridad legal alguna que requiera a las escuelas la entrega de una información tan amplia.
Strange desafió el miércoles al Departamento de Justicia a mostrar qué autoridad legal tenía para solicitar listas de alumnos matriculados y dados de baja en 39 sistemas escolares que tienen poblaciones hispanas significativas. El funcionario había solicitado una respuesta para el mediodía del viernes y la obtuvo.
En ésta, el subsecretario de Justicia federal Thomas Pérez cuestionó la autoridad legal del funcionario en relación con las escuelas.
«Asimismo, entendemos que usted no representa a los distritos escolares con los que hemos tenido contacto», escribió Pérez.
«Su entendimiento respecto de nuestra representación en los litigios de inmigración es correcto», respondió Strange.
Sin embargo, Strange dijo que defiende al estado y al superintendente escolar de Alabama contra el desafío legal que el Departamento de Justicia ha planteado a la ley local de inmigración. Esa ley, descrita por el gobernador y por muchos otros como la más severa en la nación, incluye un requisito para que las escuelas verifiquen el estatus legal de los estudiantes cuando se inscriben y reporten las estadísticas a los funcionarios estatales de educación.
Las cortes federales han suspendido esa parte de la ley.