Las autoridades hondureñas arrestaron a 176 policías por presuntamente haber participado en secuestros, extorsiones y narcotráfico, se informó oficialmente ayer.
«Sospechamos que ellos (los detenidos) están aliados con bandas de delincuentes dedicados a secuestros, robo de carros, drogas, extorsiones y otros delitos del crimen organizado», dijo el vocero de la Secretaría de Seguridad, Silvio Inestroza.
«Los 176 han sido señalados por cometer esos y otros delitos, y son investigados por la fiscalía», añadió.
Tras las detenciones de la noche del miércoles, el presidente Porfirio Lobo afirmó ayer ante periodistas que «como institución, fortaleceremos a la policía, pero previamente debemos sacar las manzanas podridas para sanearla».
El mandatario sostuvo que «la depuración policial se realiza respetando el debido proceso y sin violar los derechos de los policías».
Advirtió que su gobierno pronto dará a conocer sustanciales anuncios concernientes a nuevos mecanismos puestos en marcha «para que los hondureños recobremos la confianza en la policía».
Los oficiales arrestados pertenecen a unas ocho estaciones de la zona sur de Tegucigalpa.
«Esta gente, en lo personal, me llena de vergí¼enza», aseguró por su parte el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
El funcionario informó que «gradualmente investigaremos todas las estaciones de la policía en el territorio nacional a fin de depurar nuestras filas de la corrupción».
La situación se produce después de que Lobo destituyó el lunes a seis altos oficiales del cuerpo policial después de que estos dejaron libres a cuatro agentes sospechosos de asesinar hace una semana al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma.
Los hombres salieron del cuartel el viernes, pese a estar bajo custodia policial, pues eran investigados por el asesinato de los estudiantes Rafael Vargas, hijo de la rectora universitaria Julieta Castellanos, y su amigo Carlos Pineda.
Los cuerpos de Vargas, de 22 años, y Pineda, de 23, fueron encontrados el 24 de octubre tirados a la orilla de un precipicio en las afueras de Tegucigalpa, cada uno con un disparo en la cabeza.
Tras conocer la fuga de los presuntos asesinos de su hijo, Castellanos acusó a la policía de ser «un monstruo de la sociedad».
Algunos jefes policiales han denunciado repetidamente en público que el cuerpo está infiltrado por pandilleros y narcotraficantes.
En 10 años el gobierno ha separado a unos 4.000 policías por corrupción, de los 14 mil que forman la entidad.