Madres Angustiadas presentaron a la Bancada del Frente Republicano Guatemalteco, (FRG), la propuesta para crear el Instituto para la Atención Integral de la Ví­ctima,

La carencia de representantes legales que defiendan a las personas que han sufrido violencia de cualquier tipo ha generado preocupación a organizaciones de sociedad civil, quienes han afirmado que la violencia se ha acrecentado por la falta de denuncias y baja credibilidad que la población tiene hacia la Policí­a Nacional Civil (PNC), así­ como la presentación de estadí­sticas no son reales.

“Se defienden a los presuntos delincuentes y no a las ví­ctimas”, manifestó Michelle De Leal, de Madres Angustiadas.

Al referirse que el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), contempla solamente brindarles abogados a los delincuentes y no a las ví­ctimas de los hechos y de la PNC que no protege y captura a los delincuentes.

“Se debe velar por la seguridad de la ví­ctima y no del victimario, porque el IDPP defiende al presunto delincuente no así­ la ví­ctima que está desprotegida, en un estado discriminatorio porque los afectados no se les provee con ayuda psicológica, social de ayuda legal -que solo la obtiene por el Ministerio Público. Además, se necesita de dinero para contratar a un buen abogado”.

Afirmando que la ví­ctima es la que debe tener todo el apoyo para lograr el proceso de los presuntos delincuentes, “recordando que en Guatemala hay muchí­simas personas afectadas por la violencia; violencia que nunca es denunciada por la población porque la PNC carece de credibilidad, por eso las estadí­sticas que hacen público no son reales,” indicó De Leal.

“A la población les da miedo denunciar los hechos de violencia porque los policí­as no son creí­bles, pero cuando los afectados solicitan ayuda nosotros solamente podemos aconsejarlos porque no procede con las denuncias y por eso es que las estadí­sticas nunca son reales.”

A decir de De Leal, las principales denuncias que Madres Angustiadas han recibido son por extorción y secuestros.

“Las extorciones son las que han estado provocando más violencia en el paí­s y nos preocupa que no existan medidas estrictas para evitar que los delincuentes obtengan los celulares, principalmente en los centros carcelarios de donde provienen la mayorí­a de las extorciones. Estas acciones violentas afectan a la clase social media, baja y alta, existiendo altas cantidades de llamadas que salen de los cárceles y los secuestros que se han incrementado en la Costa Sur y San Marcos.”

Para la diputada Zury Rí­os, quien se reunió con las representantes de Madres Angustiadas, comentó que con anterioridad se habrí­an reunido para  trabaja en un borrador de la iniciativa de ley que serí­a presentado al Congreso de la República.

Al consultar con Donald Gonzáles, vocero de la PNC, no respondió las llamadas, asimismo con Amalia Mazariegos, coordinadora nacional del IDPP, se nos informó que se encontraba en una reunión por lo que no fue posible obtener su postura.