La elección de un nuevo Presidente también abre las posibilidades a un cambio de aires en instituciones que se encuentran más allá de las fronteras del Organismo Ejecutivo. Entre estas se encuentran las entidades que integran la cadena de justicia que, aunque funcionan con una independencia teórica, necesitan en buena medida del respaldo del Gobierno central para cumplir con su labor. El apoyo del próximo mandatario a este sector será decisivo para alcanzar las metas del paí­s en el combate efectivo a la criminalidad ¿A qué se comprometen los candidatos?

La fiscal General Claudia Paz y Paz asegura que fue electa para cumplir una gestión de cuatro años, pero sus antecesores pueden dar fe que completar ese plazo puede ser una misión imposible, en tanto que la continuidad del jefe del Ministerio Público depende en parte del Presidente y no solo de su trabajo y voluntad.
 
Aunque la Constitución refiere que “el Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones”, así­ mismo advierte que “el Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida”. (Lea: Fiscales)
 
De esa manera, el mandatario que asuma el próximo 14 de enero tendrá en sus manos la importante decisión de mantener o sustituir a Paz y Paz en el cargo, además de otras importantes directrices que incidirán directamente sobre la cadena de justicia y la efectividad en el combate a la criminalidad.
 
El trabajo conjunto con las instituciones del sector justicia en la formulación de presupuestos consensuados, el fortalecimiento de las instituciones de las que depende la gobernabilidad y la independencia judicial son factores que tienen relación en la lucha contra la impunidad.
 
¿Cuáles son los compromisos de Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón con la justicia?
 
RESPUESTAS SOBRE EL MP
 
Fue el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall´Anese, quien puso la prueba de fuego a los presidenciables al citarlos a una reunión privada, de la que también participaron miembros de la Comunidad Internacional, y en la que hablaron directamente de sus planes en el sector justicia.
 
En relación a la permanencia de la Fiscal –uno de los temas más relevantes–, Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), aseguró que continuará en el cargo si sigue trabajando como hasta ahora, “con el esfuerzo y limitaciones que ha tenido para desempeñar su labor”. 
 
Por eso, agregó que una de las prioridades de su gobierno será garantizar los recursos necesarios para fortalecer y mejorar la investigación en esa institución y que exista una independencia judicial.
 
Por parte de Libertad Democrática Renovada, Baldizón enfatizó: “Seremos respetuosos del perí­odo constitucional de la Fiscal General, y buscaremos la manera de darle continuidad al trabajo que ha realizado”.
 
“El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público tendrán la total independencia que le dé su legitimidad en su quehacer en la administración de justicia”, resaltó.
 
CICIG Y OJ
 
En la agenda de CICIG y el Organismo Judicial (OJ) se encuentran siete acciones que se estiman necesarias para combatir el crimen organizado, que fueron presentadas a sendos presidenciables: la creación de fiscalí­as élites, una Oficina de Relaciones Internacionales en el MP, el fortalecimiento del Programa de Protección a Testigos y a la Unidad de Métodos Especiales, la creación de una Policí­a especializada en la investigación, una plataforma de información y que exista una independencia judicial.
 
Aunque de la hermética reunión se obtuvo poca información, dí­as después surgieron algunas reacciones de los polí­ticos en torno a sus compromisos con la justicia.
 
De acuerdo con el PP, Pérez Molina fijó en una entrevista que impulsará el fortalecimiento de la justicia a través del apoyo al Ministerio Público, la Policí­a Nacional Civil, además de respaldar la presencia de la CICIG, promoviendo un trabajo conjunto en base a siete objetivos que permitan optimizar las funciones de esta comisión y establecer un plazo para el cumplimiento de los mismos.
 
Baldizón, según informaciones difundidas por la Comisión, calificó de satisfactorio el trabajo de esa institución y la gestión del Dall´Anese, por lo que expresó que en caso de ser elegido apoyarí­a a la CICIG. 
 
Dall’Anese declaró que durante la reunión conocieron aspectos del plan de gobierno del candidato de Lider, sobre todo en materia de seguridad y justicia. “Nos manifestó su firme intención de seguir trabajando con la CICIG y fortalecer al MP”. 
 
Añadió que una buena comunicación con el próximo gobierno es esencial para luchar contra la impunidad y fortalecer el sistema de justicia en el paí­s.
 
TEMAS SENSIBLES
 
Los presidenciables han facilitado información sobre sus planes de seguridad y justicia, pero también han evitado profundizar en temas sensibles y trascendentales, como la investigación de actos de supuesta corrupción en este y los anteriores gobiernos, y la independencia judicial.
 
Pérez Molina aseguró que investigarí­a y promoverí­a procesos para encontrar indicios de corrupción en el actual gobierno, mientras que Baldizón aseguró que harí­a lo mismo y que incluso investigarí­a a gobiernos anteriores.
 
Sin embargo, ninguno de los dos presidenciables ni sus equipos explicaron a La Hora cuál serí­a la ruta para iniciar las causas penales. Se intentó en repetidas ocasiones establecer contacto, anunciando el objetivo de la comunicación, pero los partidos rechazaron las llamadas.
 
También se buscó reacción sobre las garantí­as a la independencia judicial, luego de que un cable de WikiLeaks revelara con anterioridad la intervención de la ex primera dama, Sandra Torres, en la designación de magistrados del Organismo Judicial, pero sendos partidos guardaron silencio.
 
INDEPENDENCIA JUDICIAL
 
Marco Antonio Canteo, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señala que cada cinco años se remueven a fiscales, jueces y magistrados, lo que debilita al sistema de justicia porque no permite las carreras judiciales.
 
“Guatemala tiene que cambiar esas prácticas, porque aparte de la debilidad constitucional en el sistema de independencia judicial, la práctica cotidiana también ha demostrado que en el paí­s el sistema judicial –en  todas sus dimensiones– está sumamente debilitado”.
 
Aunque señaló de positivo que los presidenciables se hayan comprometido a respaldar a la CICIG y mantener a Claudia Paz y Paz, a la vez dice lo débil que es la independencia judicial en el paí­s, porque esta situación no deberí­a ni siquiera ponerse en discusión dado que la Fiscal General es nombrada por un perí­odo constitucional de cuatro años.
 
“Es importante que se diseñen los mecanismos necesarios para fortalecer el sistema de independencia judicial o el sistema de justicia, parte de ello es la fortaleza financiera, que deben ser asignaciones suficientes, para el pago de salarios y desarrollo de procesos institucionales importantes en la materia, respetar los perí­odos constitucionales para el cual están nombrados los funcionarios y respetar los sistemas de carrera internos que funcionan ya en las instituciones”, agrega.
 
Para el jurista Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, el compromiso de Paz y Paz pudiera tener otro significado: “Lo que sucede es que tanto un candidato como el otro no estarí­an totalmente contentos con tener a una fiscal que está luchando en contra de la impunidad,  porque en el caso de uno de ellos la justicia que se está logrando en el caso de genocidio podrí­a afectarle”.
 
Las expresiones que los presidenciables están haciendo, agrega Cadena, se deben a la costumbre de que los presidentes entrantes quitan a un fiscal, afectando la independencia del Ministerio Público. 
 
Para ambos analistas, es fundamental que se apruebe una reforma constitucional que garantice plena independencia del OJ y de los otros dos poderes del Estado.
 
“Si se le devuelve o se le otorga constitucionalmente plena independencia a jueces magistrados y al Ministerio Público, seguramente que el efecto va a ser potenciar la actitud independiente de jueces y combatir en una forma más eficiente las mafias en Guatemala, añadió Ramón Cadena”.