Ya se ha empezado un proceso inteligente y a la vez prudente, por parte del Congreso, aunque en realidad el impulsor de este tema es Oliverio Garcí­a Rodas con la colaboración de dos que tres de los diputados de esa institución pues los demás están «ocupados» en otros asuntos más «importantes» según ellos, con el propósito de escuchar opiniones de los diferentes sectores, personajes e instituciones del paí­s, sobre la posibilidad de realizar reformas constitucionales, enfocándose de manera particular en el tema del sector justicia y olvidándose otro de igual importancia, como lo es cambiar la estructura polí­tica del paí­s, empezando con la reducción del número de diputados con representatividad, pero no como forma de tener un botí­n polí­tico, así­ como la renovación por mitad de ese mismo Congreso, la prohibición de reelección por más de un perí­odo a los mismos diputados y los alcaldes, la posibilidad de vetar el ejercicio del mandato presidencial del Ejecutivo y otras más que espero sean consideradas oportunamente pues si bien tenemos sed de justicia, también tenemos que ir cambiando la estructura del Estado.

Hay dos formas de cambiar la Constitución Polí­tica por caminos legales, pues entendemos que si se da un golpe de Estado lo primero que se cambia es la Constitución, uno, a través de una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser electa por el pueblo en sufragio universal y secreto y dos, por las dos terceras partes del total de diputados y someter tales reformas a una consulta popular para que el pueblo decida si las acepta o las rechaza.

 En el primer caso, nos referimos a que se pretenda cambiar cualquiera de los 44 artí­culos que se refieren al tema de derechos humanos, lo cual solo podrí­a hacerlo una Asamblea Nacional Constituyente. Considero que este capí­tulo por el momento no necesita cambios que impliquen este costoso y largo camino que podrí­a resultar peligroso por cuanto las atribuciones de la Asamblea podrí­an sobrepasar cualquier mandato y hacer cambios a su sabor y antojo con el mismo sello politiquero que lleva la elección del Congreso normal y corriente.

Para obviar esta situación aplaudo la idea de escuchar a todos que por de pronto se han referido a temas especí­ficos para llevar pan a su matate en el sector justicia exclusivamente, lo cual al final podrí­a resultar bueno, pero hay que recordar que no solo hay que ver el árbol porque se pierde de vista el bosque. El llamado Centro de Defensa de la Constitución ha puesto énfasis, al igual que otros entes, en que la Corte Suprema de Justicia debe cumplir solamente funciones jurisdiccionales y no administrativas y que ya las comisiones de postulación deben pasar a la historia porque demostraron que no sirven para nada pues son influenciadas por sectores polí­ticos, compadrazgos y amistades, por lo que hay que encontrar una nueva estructura y una nueva forma de seleccionar candidatos a puestos importantes aunque estimo que lo relevante es no dejar en manos del Congreso, un órgano polí­tico por excelencia, la designación de los magistrados de las cortes, ni al Presidente de la República, la selección del fiscal general del Ministerio público, ni tampoco la forma como se integra la Corte de Constitucionalidad que respira polí­tica por doquier con nombramientos del Presidente de la República, del Congreso, del Colegios de Abogados, del Consejo Superior Universitario y la propia Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, si las reformas propuestas serán aprobadas por el próximo Congreso para después someterlas a una consulta popular deben estar vigilantes al doscientos por ciento todas las instituciones y sectores sociales del paí­s para que no metan goles los siempre «avispados» diputados. Deben ser reformas puntuales en aquellos temas que durante 25 años de vigencia de la Constitución y sus posteriores reformas han demostrado que han servido para mantener un Estado débil con instituciones dispuestas a fomentar y ser parte de la corrupción y la impunidad. Si al caso mis ojos logran ver concretarse estas reformas, debe recordarse que es lógico pensar que a raí­z de ellas tendrán que modificarse leyes ordinarias, algunas de carácter constitucional como la Ley de Amparo, hábeas corpus y constitucionalidad y la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, por lo que paralelamente a esta discusión deben también existir mesas de trabajo para esbozar las reformas posteriores.

Una reforma constitucional no es fácil y solamente debe darse en casos absolutamente necesarios como el actual, cuando Guatemala está llena de demonios que han minado estructuras, que han derribado instituciones, que han desprotegido al ciudadano, que han levantado muros de intolerancia, impunidad, corrupción y desprecio hacia la vida humana, tales reformas a la Constitución y a las leyes son indispensables para fortalecer a las instituciones y organismos. Solamente habrá que ver que esas instituciones y organismos estén bajo el mando de gente capaz, valiente y honesta que las saque adelante.
REDUZCAN EL GASTO.

 Para hablar algo sobre lo que se le espera al futuro presidente hago mención a que los dos candidatos han ofrecido cualquier cantidad de cosas para quedar bien con sus electores y cuando se les pregunta que de dónde saldrá el dinero los dos afirman tener el mejor método para aumentar los ingresos, pero ninguno menciona reducir el gasto público, empezando por reducir los salarios, gastos de representación, viáticos, viajes, vehí­culos, evitar gastos innecesarios, etcétera. Ven solo los ingresos pero, y los gastos ¿qué?… Candil de la calle, oscuridad de su casa.