Un problema polí­tico que los guatemaltecos debemos resolver con suprema urgencia puede plantearse de esta manera: ¿Cómo encarcelamos a ílvaro Colom, a partir del próximo 14 de enero, cuando ya no sea Presidente de la República, como si piadosamente se haya extinguido una maldición nacional? El motivo del encarcelamiento son los delitos que el presidente Colom ha cometido desde el momento mismo en que comenzó a ejercer la Presidencia de la República. Hasta podemos afirmar que ha ejercido la presidencia para delinquir, y que ya la existencia misma de él es un delito que con desesperada impaciencia reclama severa punidad.

El primer delito que ha cometido el presidente Colom consiste en haber incumplido los mandatos de la Constitución Polí­tica que le adjudican la función de procurar seguridad pública. Con ese incumplimiento autorizó, decretó o fomentó una pavorosa criminalidad, que le otorgó la ominosa calidad de ser el presidente del asesinato, el secuestro, el robo y la extorsión; o el presidente de la sangre, la muerte, el cortejo funeral, el cementerio y la sepultura. No aludo a la criminalidad cuyo origen es el narcotráfico, y cuyas ví­ctimas son los narcotraficantes mismos, involucrados en disputa de mercados, o en traición y deuda no pagada. Aludo a la criminalidad de la cual es ví­ctima el guatemalteco inocente y honrado.
Agrégase un segundo delito, que consiste en que, desde el comienzo mismo de su gobierno, el presidente Colom le confirió funciones públicas a su esposa, Sandra Torres Casanova; y le confió la administración de cientos de millones de quetzales para ejecutar programas “sociales” (que beneficiaron más a ella misma y al partido oficial, que  a los pobres); pero la eximió de cumplir con necesarios requisitos legales. La eximió, por ejemplo, de cumplir el requisito primario de jurar fidelidad a la Constitución Polí­tica (exigido por el artí­culo 154 de la misma ley constitucional).
Sigue un tercer delito, que  consiste en haber sido cómplice de su esposa en el subversivo intento de infringir, con un divorcio, el artí­culo 186 de la Constitución Polí­tica, para que ella pudiera optar a la Presidencia de la República. Y prosiguen, hasta fatigar la serie de los números ordinales, los delitos que el presidente Colom habrí­a cometido en el proceso de administrar recursos del Estado. Son delitos que obligan a conjeturar que el presidente Colom es uno de los gobernantes más corruptos que ha tenido nuestro paí­s. En una hiriente pero fecunda historia nacional de la corrupción, él serí­a uno de los  personajes más notables.
Propongo que, con el fin de encarcelar a ílvaro Colom, ahora mismo tipifiquemos  los delitos que él ha cometido, y preparemos la denuncia de esos delitos, y en el primer instante en que él ya no sea Presidente de la República, le presentemos esa denuncia al Ministerio Público. Esta institución tendrí­a que emprender la persecución penal pública del ya ex presidente ílvaro Colom. No hay certidumbre de que la emprenda, aunque haya suficientes motivos legales. Empero, esa incertidumbre no debe disuadirnos de intentar el encarcelamiento del presidente Colom, porque es peor moralmente  abstenerse del intento de encarcelarlo, que fracasar legalmente en ese intento.
Post scriptum. Si triunfara Manuel Baldizón, candidato presidencial del partido oficial, el presidente Colom tendrí­a la garantí­a de no ser sujeto de persecución penal pública, y así­ contribuirí­a a enriquecer uno de los tesoros más grandes que posee nuestro paí­s: la impunidad.