La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Beatriz Ofelia De León, rinde su primera declaración ante el Juzgado Décimo de Instancia Penal, por el delito de obstrucción a la justicia en el caso de la desaparición de Cristina Siekavizza.

Beatriz De León Reyes, fue detenida ayer por el Ministerio Público (MP) que la acusa de conocer el paradero de su hijo declarado prófugo, esto durante varios allanamientos realizados en su residencia ubicada en Jardines de San Isidro, zona 16.

Tras pasar la noche en una carceleta del Organismo Judicial (OJ), la exmagistrada, de 67 años, fue trasladada en horas de la mañana hacia el Juzgado Décimo, para rendir su primera declaración ante el juez Walter Villatoro.

Pero la falta de espacio en una sala para llevar a cabo la audiencia obligó a que fuera recluida en la cocina de dicho juzgado; sin embargo, para después del mediodí­a la exmagistrada estará rindiendo su declaración, luego de que se habilitara la Sala 10 en el nivel 15 de la Torre de Tribunales.

El MP sindica a De León de tener conocimiento del lugar donde se esconde su hijo, Roberto Barreda,  acusado de femicidio y obstrucción a la justicia –por la desaparición de su esposa Cristina Siekavizza– quien escapó junto con sus hijos José Roberto y Marí­a Mercedes, el pasado 3 de agosto.

La expresidenta, de quien aún se desconoce el nombre de su abogado, se ha declarado inocente “me presenté ante la justicia como cualquier ciudadano”, y aseguró que no emitirá declaración hasta que no sea escuchada por un juez.

Por el mismo delito, también fue capturado Javier Mendizábal, acusado de ayudar a Barreda a trasladar el cadáver de Siekavizza desde la vivienda de la pareja hasta un sector cercano al rí­o Motagua, en Morazán, El Progreso.

Para Fundación Sobrevivientes, querellante adhesivo en este caso, esta captura es un gran paso para la justicia por “el hecho de evidenciar que nadie es superior a la ley por muchas influencias que tenga” de acuerdo a Rotman Pérez, coordinador del área jurí­dico-penal.

De acuerdo a Pérez, existen suficientes pruebas en contra de la expresidenta de la CSJ que demuestran su participación “principalmente en eliminar evidencias, que eran contundente en la investigación del caso”.

Para Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados de en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), independientemente de que ella haya sido magistrada de la  Corte Suprema de Justicia, y sobre todo magistrada-presidenta “está claro que hubo obstrucción a la justicia en el caso de que ella haya tenido toda la información”.

Asimismo, indica que el MP y los querellantes adhesivos hicieron bien en solicitar su detención, porque la obstrucción a la justicia constituye un delito.

Por su parte, Carlos Vega Fernández, analista del área de seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –Asies–, asegura que si hay indicios de la obstrucción de la justicia por parte de la exmagistrada, el MP actuó correctamente al pedir que se le llame a declarar.

“Se están siguiendo los pasos y procedimientos establecidos en la ley y el hecho de que se le cite a ella y que tenga que declarar y que haya algunos indicios o supuestos, no es que ella sea culpable o haya cometido un delito”, finalizó Vega Fernández.