Guatemala: Estado de Emergencia democrática


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El mensaje para Guatemala es claro: el paí­s se encuentra en un “estado de Emergencia democrática” y es necesario reencauzar el camino para evitar aún más debilitamiento en las instituciones y agravar el estado de la nación. Un informe sobre la democracia en América Latina describe las condiciones de la democracia guatemalteca y analistas dan luces sobre los retos que se tienen por delante.

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ARELI ALONZO
aalonzo@lahora.com.gt

La Fundación Konrad Adenauer y la organización Polilat presentaron los indicadores relacionados de la democracia con una descripción de los sucesos trascendentales en el paí­s y así­ crearon el capí­tulo Guatemala del índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2011 (IDD-Lat 2011).

El informe refiere que Guatemala decreció en desarrollo democrático con respecto a 2010 e  ingresa en el grupo de naciones con mí­nimo avance en esa materia. Además, empeoró su ubicación en el ránking regional, por lo tanto pasó del puesto 15 al 18, el último de América Latina.

Su baja puntuación se debe al déficit que presenta en todas las dimensiones: La inseguridad, la poca inclusión de género en la democracia, el déficit en la independencia del Poder Judicial y Legislativo, las  deficiencias en salud y educación y las fallas en los programas de combate a la pobreza y la polarización social, los cuales han creado una deficiente democracia.

De acuerdo con Jorge Arias, director de Polilat, este déficit de alguna manera se podrí­a denominar “estado de Emergencia democrática”, que es necesario empezar a revertir.

DATOS CLAVE

El informe refiere que durante el perí­odo de gobierno del presidente ílvaro Colom se destacan “el incremento de los hechos de  violencia, el impulso de históricos programas de combate a la pobreza y la polarización social”.

Señala también que se “han intensificado en el paí­s los delitos de las maras y los ataques de grupos vinculados con el narcotráfico, que conforman una parte  importante de un marco en el que  los derechos y las libertades quedan  fuertemente condicionados por la inseguridad”, y hace mención especial a la amenaza que representa el grupo criminal Los Zetas.

Probablemente, el punto más controversial se refiere a los programas sociales: “La inversión pública fue cuestionada por los sectores empresarial y periodí­stico,  porque el Presidente rechazó una auditoria social y financiera de su gestión. Un punto crí­tico fue la negativa a la auditorí­a a profundidad e independientemente a su esposa  Sandra Torres Casanova, quien dirigí­a una serie de inversiones destinadas al área social por un monto cercano a los 150 millones de dólares”.

“El componente explosivo de esa polí­tica de gasto era que la mayor parte de esos recursos surgí­an de transferencias presupuestarias descontadas a los sectores de educación, seguridad y salud pública, todos ellos en situación calamitosa”, agrega el informe.

Los intentos fallidos para promover una reforma fiscal, las deficiencias en materia de equidad de género, los indicadores de desarrollo humano y los importantes, pero aún insuficientes avances en materia de justicia se encuentran contemplados entre el resumen del paí­s.

LOS RETOS

Carmen Rosa de León, analista en materia de seguridad, indica que Guatemala, El Salvador y Honduras conforman una de las zonas más violentas en la región, por el número de homicidios diarios, y por ello, se debe plantear una estrategia regional para el combate a la inseguridad, aunque desde el plano especí­fico de cada paí­s.

En Guatemala, según la experta, “parte de esta inseguridad tiene que ver con los niveles de acceso a la justicia, de una justicia eficiente y eficaz, con que haya un proceso de investigación adecuado”.

Esto evidentemente afecta los niveles de democracia porque un paí­s donde su sistema de justicia no funciona en beneficio de la población o tiene una lentitud es un sistema que no es democrático, refiere De León, quien considera el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia como un paso fundamental.

Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), considera que la independencia judicial es uno de los factores esenciales para el desarrollo democrático de un paí­s.

“Nuestro paí­s aún tiene muchas vulnerabilidades cuando hablamos de independencia judicial” y explica que esencialmente contribuyen tres elementos: Primero, el paí­s no tiene un poder judicial independiente económicamente; segundo, no hay procesos de carrera de formación profesional adecuados dentro de las instituciones de justicia, y tercero, existen debilidades en materia de selección de los puestos administrativos.

Para eliminar estos obstáculos, según Samayoa, se necesitan separar las funciones judiciales de las funciones administrativas “no tenemos magistrados o jueces administrando justicia, sino que administrando sus despachos”.

Según Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, “se cree que la democracia es el mejor sistema para promover el bienestar económico de un paí­s, es un sistema polí­tico”, pero en Guatemala pese a que tenemos un sistema democrático y hay elecciones relativamente limpias y libres, esto no significa que la democracia genere este tipo de instituciones que se requieren para que la economí­a funcione bien.

“De hecho, el tener un sistema polí­tico democrático como el guatemalteco, a lo que nos ha llevado es a no construir la institucionalidad necesaria que promueva el crecimiento, la generación de riqueza y que todo esto ayude a la reducción de pobreza”, puntualiza.

INFORME
DEMOCRACIA EN GUATEMALA


El informe de IDD-Lat 2011 integra 40 indicadores en distintos planos de la democracia:

Respeto de los derechos polí­ticos y las libertades civiles
En general los indicadores se han mantenido en su puntaje bajo. La democracia de los ciudadanos tiene un mal comportamiento por la inseguridad y cómo afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos, además, la falta de inclusión de los sectores que han estado más postergados –mujeres y pueblos indí­genas– en los procesos democráticos. Se han intensificado en el paí­s los delitos de las maras y los ataques de grupos vinculados con el narcotráfico, que conforman una parte importante de un marco en el que los derechos y las libertades quedan fuertemente condicionados por la inseguridad.

Calidad institucional y eficiencia polí­tica
No han mejorado los resultados en el plano polí­tico y por el contrario, ha empeorado casi 33%. Se destacan los comportamientos negativos del indicador de percepción de la corrupción, el de participación de los partidos polí­ticos en el Poder Legislativo y el de Accountability –ejercer control sobre los gobernantes y funcionarios
públicos–. El informe señala el déficit en los controles cruzados que tiene la democracia para hacerse más fuerte, la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo; el libre ejercicio de los medios de comunicación social y que no ha habido un buen comportamiento en disminuir los í­ndices de corrupción.

Capacidad para generar polí­ticas que aseguren bienestar
Guatemala consiguió la peor puntuación de la serie, superando incluso los malos desempeños del perí­odo 2002-2003, cayendo un 36% respecto del año anterior. El descenso se explica por la caí­da en los indicadores correspondiente a matriculación secundaria y gasto en salud, aun cuando hayan mejorado puntuaciones en mortalidad infantil, desempleo y gasto en educación, que igualmente se ubican entre los valores más bajos de la región. El resto de los indicadores se mantienen estables. Su puntuación final ubica al paí­s en el puesto 16° del ránking regional, cayendo dos peldaños.

Desarrollo social y económico
El paí­s arrastra un déficit en cuanto a los indicadores de salud, tanto en esfuerzo presupuestario como en infraestructura; déficit del desarrollo del combate a la pobreza ya que no se ha mejorado y en el plano económico, bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) además, del alto grado de inequidad, ya que el crecimiento económico se concentra en pocas manos y llega a pocos guatemaltecos.
Los indicadores que descienden son Brecha de Ingreso y Endeudamiento. El índice de Libertad Económica, el PIB per cápita e Inversión alcanzaron mejores resultados, pero no compensan las caí­das de las variables mencionadas anteriormente.

“El componente explosivo de esa polí­tica de gasto era que la mayor parte de esos recursos surgí­an  de transferencias presupuestarias descontadas a los sectores de educación, seguridad y salud pública, todos ellos en situación calamitosa”.
IDD-Lat 2011