Guatemala presenta dentro de sus caracterí­sticas negativas, problemáticas que han llegado a convertirse en cuestiones estructurales que la siguen afectando en sus diferentes facetas, así­ como se han profundizado en el tiempo, sin que se visualicen polí­ticas públicas de Estado orientadas a modificar el actual estado de cosas, o destinadas a resolverlas de una sola vez o bien por lo menos dirigidas a atenuarlas y eventualmente desaparecer sus efectos negativos.

Dentro de estos problemas estructurales se encuentra la desnutrición crónica, flagelo que constituye un 49.5% de niños menores de 5 años que la padecen, sin que las diferentes instancias y polí­ticas públicas desarrolladas, se evidencien efectivas para contrarrestar este tremendo problema que aqueja a los niños, principalmente en el área rural.

La estructura tributaria, hoy más que nunca, ha demostrado que llegó a un punto de no retorno y que requiere una modificación de fondo, no arreglos parciales, ni cambios para resolver el problema del flujo de caja de un perí­odo de gobierno; o bien planteamientos orientados a favorecer a determinados sectores.  Una carga tributaria, que apenas alcanza el 10.9% del PIB, resulta una de las más bajas del hemisferio, una muestra de la rigidez de pensamiento de las élites oligárquicas ante esta situación y una escasa capacidad de los diferentes gobiernos democráticos de negociar cambios tributarios más allá de sus propios regí­menes de gobierno y diputados extremadamente complacientes con las élites mercantilistas.

En medio de este temporal, no sólo arrecia la lluvia, los desbordes de los rí­os, los deslaves, las grietas y los hoyos, sin dejar de hablar del destrozo de la red vial y ni hablar de la destrucción de los caminos vecinales.  Todo ello con una cauda que afecta a todo el mundo, por diferentes circunstancias, pero que se agudiza con las personas del área rural que viven cercanas a los rí­os; o las poblaciones como Santa Rosa y otras que ven como sus pertenencias y viviendas se encuentran inundadas o destruidas.  Los otros efectos colaterales son el congestionamiento de transporte de personas y mercancí­as, con lo cual todos pagamos la nula atención en un problema que también es estructural como es la vulnerabilidad ambiental del paí­s ante los embates de la naturaleza y los cambios en los regí­menes de lluvia, ya sea por escasez, que se nos convierte en sequí­as, o bien por exceso de lluvias como en la actualidad y se nos viene encima una serie de situaciones que además de afectarnos en la movilización, nos deja con una gran tristeza al observar a nuestros conciudadanos más pobres, nuevamente expuestos a la intemperie, la desolación y la muerte, quedando únicamente pendientes de la solidaridad que ayuda pero, desafortunadamente,  no resuelve.

Esta vulnerabilidad tiene una correlación con la matriz social desigual del paí­s, en donde las personas pobres, rurales, indí­genas y mayormente vulnerables como niños, niñas, ancianos y discapacitados, sufren mayormente. Pero más allá de esta situación angustiante de las personas del interior, de los efectos en la agricultura, de los daños en comunidades, viviendas y personas; se debe destacar que muchos de estos negativos efectos descansan en la irresponsabilidad gubernamental, diputados, alcaldes y de los constructores, en diferentes formas.

La adjudicación de obras de infraestructura en forma anómala o de “compadre hablado”, es una irresponsabilidad de las autoridades y constructores.  Obras de infraestructura realizadas sin especificaciones técnicas, es una irresponsabilidad de las empresas constructoras y de los supervisores del gobierno.  Montos de obras de infraestructura inflados para asegurar la tajada más alta en términos de corrupción de los funcionarios de gobierno, incluido el propio gobernante, es una irresponsabilidad.  Las declaraciones de calamidad pública o de emergencia nacional hechas para asegurarse comisiones millonarias para funcionarios de gobierno y diputados, es una irresponsabilidad.  La falta de dotación de fondos anuales para cubrir emergencias, es una irresponsabilidad del gobierno en general.  Los efectos derivados en las personas que pierden sus bienes, que se quedan sin nada, de aquellos que viven en los albergues sin las condiciones necesarias y de aquellos que mueren, no sólo es una irresponsabilidad, es un crimen y debe ser castigado.