Escuchando a los dos candidatos presidenciales en el debate, uno se da cuenta que ambos están convencidos de que para dar seguridad, educación, salud, empleo, combate a la corrupción, el fin de la impunidad, e igualdad de oportunidades, el sistema está a punto y únicamente hace falta que los elijan para que se puedan concretar esos sueños y anhelos de la población. Ninguno de los dos advirtió a los electores del colapso de un sistema polí­tico derivado en una pistocracia en la que ellos tienen que cumplir, antes que nada, con sus financistas y que el aparato del Estado estará por enésima vez al servicio de quienes pusieron el dinero para que pudieran hacer su campaña polí­tica.

Fue tal la forma en que afirmaron que ellos harí­an bien las cosas, combatiendo la picardí­a y la corrupción, erradicando la violencia, atendiendo el problema de la pobreza, educando a nuestra gente, combatiendo la desnutrición y dando su vida por Guatemala, que uno se pregunta por qué ninguno de los que han pasado por la Presidencia han logrado todo eso si también lo ofrecieron y prometieron y cuál es la diferencia para que podamos suponer que alguno de estos dos sí­ será el que rompa con el maleficio.

El problema de Guatemala es que tenemos un modelo totalmente agotado y no lo quieren ni pueden admitir los polí­ticos que se benefician del mismo. Los dos han sido parte del juego sucio que se da en el Congreso de la República donde fracasará cualquier propuesta que se haga pensando en el paí­s porque allí­ predominan los intereses personales y los negocios y por supuesto que no pueden desde ya advertir que para avanzar una agenda legislativa tienen que sobornar a los diputados para que den su voto a cambio de la asignación de obras en el listado geográfico, entre otras prebendas que ellos saben negociar perfectamente.

Cuando le preguntaron a Baldizón de la reforma constitucional que se propone era el momento de entrarle al tema de la reforma radical del Estado, pero se escabulló y Pérez tampoco recogió la estafeta. Se planteó, eso sí­, que el problema se entrampa porque legalmente no hay otro camino que el que Pérez le explicó al doctor en Derecho, es decir, que nuestra Constitución establece un mecanismo para su reforma que es una camisa de fuerza, porque pasa justamente por la más podrida de las instituciones del sistema polí­tico, es decir, el Congreso de la República.

Respetando el orden constitucional no hay forma de empezar el proceso con una consulta popular, sino que se tiene que acudir al Congreso para que éste haga las reformas que le competen y las someta a posterior Consulta vinculante. Puede convocar a una Constituyente con poderes limitados por la misma Constitución y el Congreso establece en la convocatoria sus facultades. En esas condiciones, imposible pensar en una reforma que cambie un sistema putrefacto que es la delicia de nuestros polí­ticos, porque les asegura todos los privilegios, impunidad y corrupción que se les antoje.

De suerte que el próximo gobierno tendrá que trabajar con las herramientas vigentes y disponibles o, si las cambia, seguramente con algunas peores. Y así­, es puritito engaño decirnos que van a hacer micos y pericos en seguridad, salud, educación, alimentación, generación de empleo, combate a la pobreza, erradicación de la impunidad y promoción del estado de derecho. Nada de eso se puede hacer en medio de un sistema putrefacto como el nuestro, diseñado para que los vendedores de medicinas se harten, para que los contratistas hagan obra que se cae con un aguacero y que los financistas tengan la certeza del contrato sin Contralorí­a ni Ministerio Público para perseguir ladrones. El sistema lo alienta y lo promueve y los candidatos lo saben, pero no lo dicen.