En un paí­s como Estado Unidos, cuyo gobierno destaca la importancia de defender los derechos humanos, resulta incomprensible para la sociedad estadounidense y la comunidad internacional, que se apruebe en Alabama (al sur de Estados Unidos) una ley contra los migrantes –especialmente de origen latino– (llamada HB56), promulgada por el gobernador Robert Bentley, cuyo contenido es racista y discriminatorio.

Los latinoamericanos que viven en ese estado serán afectados por esa ley, principalmente personas indocumentadas. En forma inicial la aplicación de la ley logró que más de 2 mil niñas y niños no acudieran a los centros educativos, pues la norma obliga a las escuelas públicas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y sus padres. ¡Perseguir infantes y menores de edad por indocumentados! Los hechos que se tienen que ver en una nación inmersa en la modernidad y alta tecnologí­a. La ley HB56 es una decisión estatal que desprecia el derecho a la vida y agrede la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La  Ley HB56 (entró en vigor el 28 de septiembre de 2011) ha sido denominada la más dura que se haya promulgado en territorio estadounidense y, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así­ como organizaciones que defienden derechos de los inmigrantes y diversos órganos del Estado, han tratado de impedir que la ley entrara en vigor, ha sido imposible. Es difí­cil dialogar con funcionarios estadounidenses que se aferran en defender la imposición. Ha prevalecido en las autoridades de Alabama el criterio del gueto racista, apoyado por la fuerza y la violencia, para evitar la migración dañando con  esa actitud intolerante a sus propios ciudadanos: micros, pequeños y medianos comercios, grandes empresas y corporaciones de Alabama (Estado donde se libraron importantes jornadas de lucha por los derechos civiles en la década del cincuenta), pues resienten la ausencia de trabajadores que no acuden a los centros laborales por temor a ser capturados. Esta situación ha obligado al gobernador Bentley a elaborar un programa laboral para reasignar las vacantes de indocumentados. La improvisación y acciones jurí­dicas que esconden la verdad, como es la de reprimir a seres humanos, es la caracterí­stica que define al actual gobierno de Alabama.

Los agentes de policí­a están autorizados para detener a cualquier persona sospechosa de ser latina, y lo hacen porque a este aspecto la nueva ley le ha asignado la calidad de delito. Esta norma es igual a la ley antiinmigración de Arizona, calificada de irresponsable y mal encaminada por el presidente Obama, quien “(…) ha afirmado en varias ocasiones que rechaza iniciativas estatales porque la solución pasa por una reforma a escala nacional. Para ello, deberá superar la oposición del Partido Republicano”.

Se ha originado entre los indocumentados un enorme miedo a ser detenidos –por esta causa se encierran en sus hogares– y algunos han sido obligados a abandonar centros educativos. La ley también les prohí­be contratar viviendas y propiedades. Se ha intensificado el temor a la policí­a: poseen poderes extraordinarios para perseguir, según su criterio, a personas que ellos catalogan como sospechosos (apariencia de latino). Ahora la policí­a de Alabama tiene como prioridad perseguir a infantes y gente inocente. Se lee en la prensa de Alabama que “casi el 65 por ciento de los indocumentados son mexicanos. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños”. Serí­a lógico –he insistido en esta columna– que el movimiento sindical y popular de Guatemala ejerza acciones enérgicas de apoyo para los paisanos, no sólo en Alabama, sino también en Arizona, Georgia, y paí­ses como México.