El exmarino Alfredo Astiz, símbolo de la última dictadura militar, afirmó ser un perseguido político al cuestionar hoy el juicio en el que está acusado de crímenes de lesa humanidad.
El excapitán de la armada señaló que es víctima de una «persecución por motivos políticos que no busca la justicia» al decir sus últimas palabras ante el tribunal que juzga más de 80 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por dicho centro ilegal de detención de Buenos Aires pasaron unos 5.000 disidentes políticos en la dictadura (1976-1983) de los cuales sobrevivió menos de la mitad.
Astiz es juzgado, entre otros casos, por el secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo. Villaflor se reunía junto con otros militantes de derechos humanos en la Iglesia de Santa Cruz de esta capital, grupo en el que se infiltró el ex marino haciéndose pasar por hermano de un desaparecido.
Junto a Astiz hay otros 17 acusados de delitos de lesa humanidad. La mayoría de los imputados afronta pedidos de cadena perpetua.
En un extenso discurso, Astiz –alias el «Angel rubio»– afirmó que «las falsas querellas no nos perdonan que hayamos combatido con éxito la subversión», en referencia a la represión que las fuerzas armadas y policiales desataron contra grupos guerrilleros y disidentes políticos.
Astiz consideró «ilegítimo» el juicio y negó la validez de la «justicia universal» para los crímenes cometidos durante la dictadura.
En los últimos días otros acusados hablaron ante el tribunal para reivindicar la lucha contra la subversión, al considerarla una «guerra» justificada. Se espera que la próxima semana se den a conocer las sentencias.
El juicio de la ESMA, que comenzó en diciembre de 2009, es uno de los más importantes que tienen lugar en Argentina. Juzga torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos por un grupo de tareas de la marina que funcionaba dentro de ese centro de detención, uno de los principales del país.
Allí también existía una maternidad clandestina donde dieron a luz detenidas cuyos bebés fueron apropiados y cedidos a otras familias. Estos casos se juzgan en otro juicio que se desarrolla en la capital.
Según organismos de derechos humanos, 30.000 personas desaparecieron o fueron asesinadas durante el último gobierno de facto. Las cifras oficiales señalan que fueron unas 13.000.