El lenguaje popular chapí­n, utiliza el vocablo “clavo” como sinónimo de problema, conflicto, dificultad, intranquilidad o escándalo; todo eso ha provocado un huracán polí­tico desatado en las últimas horas, por la denuncia del Magistrado vocal I, Marco Tulio Melini del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que involucra a altos funcionarios de ese órgano jurisdiccional, a quienes señala de faltas graves a sus responsabilidades, cometidas durante el proceso electoral de la primera vuelta, realizada el 11 de septiembre pasado. A este clavo planteado por Melini, se suma la renuncia del magistrado suplente, Rodolfo Pérez Lara, quien señala que el TSE no respondió como debiera ser su función, durante los últimos comicios celebrados.

Ambas situaciones surgidas desde el seno de las más altas autoridades electorales, revelan contradicciones en el TSE, ponen en riesgo la institucionalidad y dejan manchas indelebles que pueden afectar la pureza y transparencia de la segunda vuelta electoral del 6 de noviembre próximo. Estos hechos no deben sorprender a nadie, son otro resultado de la politización de ese máximo organismo  electoral. En efecto, desde el momento de la elección de los magistrados, se puso en evidencia la politización de ese Tribunal, condición que ha quedado demostrada a lo largo de todas sus actuaciones, en especial  durante el proceso electoral. Es evidente que la mayorí­a de magistrados, ha asumido posición a favor de uno de los contendientes presidenciales, por tanto, esa politización ha empezado a agudizar la crisis institucional.

Según el ordenamiento jurí­dico, la denuncia del magistrado Melini, debe ser responsable y seriamente investigada. Como cierto es que durante el proceso electoral, el dí­a de los comicios y los dí­as posteriores, la ciudadaní­a ha sido testigo de anomalí­as, incidentes, irregularidades, violación a la Ley electoral y de partidos polí­ticos, por parte de los actores polí­ticos electorales, lluvia de impugnaciones de toda naturaleza, amenazas de muerte contra autoridades electorales y otro montón de señales que indican que algo anda mal, que el TSE no está respondiendo ni funcionando con la eficacia y eficiencia que debiera mostrar; al menos las magistraturas anteriores, fueron coherentes y graní­ticas, sobre todo, imparciales, apolí­ticas, despolitizadas, enérgicas y muy eficientes; todo lo contrario al cuestionado actuar del actual TSE. 

La denuncia de Melini sindica a altos funcionarios del TSE, Carlos Enrique Girón, auditor general; Ana Julia Solí­s, responsable de comunicación; Marí­a del Rosario Velásquez, directora de la Unidad de Capacitación; divulgación, y educación cí­vico electoral; Luz de Marí­a Carranza, jefe de la Sección de Compras y contrataciones; Herbert Molina, director del Instituto de capacitación, cí­vico, polí­tica, electoral y Francisco Garcí­a Cuyún. Aunque la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Marí­a Eugenia Villagrán, pretende levantar una cortina de humo alrededor de las denuncias de los propios magistrados, parece que la cloaca del TSE, ha empezado a rebalsar. Este TSE seguirá dando de qué hablar.

P.S. 21 años de impunidad por la ejecución extrajudicial del compañero revolucionario, HUMBERTO GONZíLEZ GAMARRA, secretario general de la Unidad Revolucionaria Democrática URD, el 15 de octubre de 1990. También el 31 aniversario de la desaparición forzada de la colega IRMA FLAQUER AZURDIA, el 16 octubre de 1980. Como otros miles, ví­ctimas de la dictadura militar contrainsurgente de la época.