Una acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Corte de Constitucionalidad contra el Decreto 13-2011 del Congreso de la República que autoriza al Ministerio de Finanzas para que pueda trasladar recursos de diferentes Ministerios como espacios presupuestarios y deja en manos de la CC la suspensión provisional del artí­culo, al considerar que hubo manipulación de palabras.

El Decreto fue publicado en el Diario de Centroamérica el 04 de octubre de 2011, y autoriza al Ministerio de Finanzas para que en forma extraordinaria y excepcional pueda trasladar en el presento ejercicio fiscal recursos que se encuentran disponibles en diferentes Ministerios y Unidades Ejecutoras como espacios presupuestarios, con diferentes fuentes de financiamiento en proyectos de inversión a programas de funcionamiento.

De acuerdo a Alfonso Carrillo, ponente de la acción, los fundamentos jurí­dicos que sirven de base al planteamiento de inconstitucionalidad se basan de la Transferencia de Fondos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, el artí­culo 238 inciso b) de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala establece: “No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la deuda pública”.

El actual gobierno ha realizado transferencias de partidas de un ministerio arrebatando partidas a Educación, Salud y el área de Seguridad, bajo el concepto de los espacios presupuestarios, concepto que fue dado por el entonces ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, para decir que no estaban transfiriendo partidas, sino simplemente espacios.

Pero para el abogado hablar de fondos y recursos es exactamente lo mismo, sin embargo, el Congreso de la República redacta un decreto en donde autoriza que se hagan transferencias de “espacios presupuestarios” de proyectos de inversión a programas de funcionamiento, pese a que la Constitución, en toda la normativa sobre el Presupuesto General de la Nación nunca usa el concepto de espacios presupuestarios, sino de partidas.

Este invento de palabras ya fue utilizado en tiempos de ílvaro Arzú, para justificar la venta de la empresa de telecomunicaciones, ahora la terminologí­a de Juan Alberto Fuentes Knight, fue utilizada para financiar la que ya era la campaña presidencial de la entonces Primera Dama, Sandra Torres.

“La autorización que por el presente artí­culo se emite, corresponde hasta por un monto total de un mil doscientos quince millones de quetzales (Q1,215,000,000.00) para cubrir el pago de sueldos y salarios, así­ como insumos básicos; dicho monto será distribuido de la siguiente forma:  a) hasta el monto de setecientos quince millones de quetzales (Q715,000,000.00) para fortalecer las asignaciones del Ministerio de Educación; y, b) hasta el monto de quinientos millones de quetzales (Q500,000,000.00) para fortalecer las asignaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”.