Análisis de la Policí­a Nacional Civil (PNC) revelan que aproximadamente un 25 por ciento de las muertes violentas que se cometen anualmente en Guatemala son perpetradas por sicarios, que cobran entre Q100 y Q100 mil por acabar con la vida de una persona, dependiendo del perfil de la ví­ctima y las condiciones en las que se ejecutará su muerte. El Diccionario de la Real Academia Española, define al sicario como un “asesino a sueldo”.

Investigadores de la institución policial refieren que los análisis de las muertes violentas han determinado que el perfil de la ví­ctima y su entorno constituyen el punto de partida para realizar un análisis de la mecánica de los asesinatos a sueldo.
Por los casos que conoce anualmente, el Departamento de Delitos Contra la Vida de la PNC, reconoce las tarifas aproximadas que un sicario cobrarí­a por “hacer su trabajo”.  
Los análisis policiales señalan que en un 25 por ciento de las muertes violentas, estarí­an involucrados los sicarios y personas dedicadas a la planificación de los asesinatos a sueldo.
Un asesino exigirí­a entre cien y mil quetzales por ejecutar a una persona de un área popular; mientras que si se trata de alguien de un estrato socioeconómico medio la cifra se eleva entre Q5 mil y Q10 mil, y llegarí­a a oscilar entre  Q50 mil y Q100 mil por un empresario, polí­tico o un personaje público.
Con base a informes de las fuerzas de seguridad, La Hora ha informado durante una jornada de violencia, que el precio por el asesinato de un piloto  de autobús llegaba a Q300.
Los aspectos que se toman en cuenta son la profesión y el grado de escolaridad de la ví­ctima –que inciden en su capacidad económica y sus posibilidades para contratar protección personal–, el género, el papel que juega en la sociedad e inclusive el impacto que pueda tener su muerte en los medios de comunicación, según los informes.
Del 1 de enero al 3 de octubre de 2011, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) cuantifica la muerte de 3 mil 625 personas, solo por arma de fuego, que es el arma preferida en este tipo de sucesos.  
De acuerdo con las fuentes, el fácil acceso a las armas cortas y largas –que se compran y se rentan– permite que los asesinos puedan matar sin ningún problema.  Las muertes que se pagan se cometen con este tipo de artefactos, el arma blanca está prácticamente excluida en el tema de sicariato, debido a las implicaciones que tiene.  
Los análisis refieren en las hipótesis preliminares, que el 75 por ciento restante de los hechos violentos se originan por ajuste de cuentas, por venganza personal y por negarse a pagar la extorsión, extremos que son ejecutados por personas como parte de una estructura criminal, pero no necesariamente por un asesino a sueldo, el sicario.
REDES Y PERFILES
No se sabe con precisión cuántas redes dedicadas a asesinar hay en el paí­s, lo que se conoce es que estas estructuras han logrado ubicarse como una “empresa” en medio del clima de violencia, que presta diversos tipos de servicios.
 De acuerdo a información policial, se ha determinado que existen al menos dos redes de sicariato.  Una está conformada por personas “expertas” en la planificación y comisión de esos delitos.  Estas pueden cobrar fuertes sumas de dinero por la vida de una ví­ctima de clase alta y media.
Otra está integrada por las pandillas, que jerárquicamente inician desde la cárcel y concluyen con jóvenes o niños reclutados e integrados a esos grupos. Se le conoce con el nombre de “soldado” a la persona que es enviada por el jefe de clica a asesinar, y como “chequeo” se identifica a quien está en perí­odo de prueba.
Las muertes que cometen esos grupos delictivos son de personas de áreas populares principalmente, aunque en algunos casos sí­ cobran por esas muertes; también lo hacen sin un cobro cuando se trata de miembros de grupos rivales o personas que los traicionan dentro de su propio ámbito.
Los menores de edad que engrosan las filas de las pandillas no cobran a sus jefes por hacerlo, pues su única pretensión es alcanzar un eslabón en la clica que le permite ingresar a cambio de una muerte.
Los análisis realizados por la institución policial, refieren que el rango de edad de las personas capturadas por asesinato es de entre 13 a 35 años.  
El fenómeno por captar a menores de edad es uno de los flagelos constantes, debido a que las penas para un menor son mí­nimas.
¿RENTABLE?
Asesinar en Guatemala se ha convertido en una tarea cotidiana y prácticamente en una “profesión” muy bien remunerada, tomando en cuenta que quienes tienen un empleo formal obtienen recursos muy bajos, mientras que otro porcentaje ni siquiera goza de una oportunidad laboral.
Según el Ministerio de Trabajo, el salario mí­nimo mensual, para las personas que se dedican a las actividades agrí­colas y no agrí­colas es de mil 937.54 quetzales, más la bonificación incentivo de ley de Q250, lo que hace un total de Q2 mil 187.54.
Los trabajadores que se dedican a las actividades de exportación y de maquila, obtienen un salario mensual de mil 808.27 quetzales, más la bonificación incentivo de ley hace un total de Q2 mil 58.27.
A criterio de Rolando Yoc, de la Procuradurí­a de Derechos Humanos (PDH), varios factores estructurales influyen en que más personas se integren para cometer asesinatos por encargo. La falta de oportunidades y salarios dignos, son algunos de ellos.
“Del 100 por ciento de la población económicamente activa casi el 75 por ciento pertenece a la economí­a informal. Esto significa que no hay ninguna figura tutelar que regule los ingresos salariales, el otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta, es que  el INE que  es el que mide la canasta básica vital establece que para poder cubrir las necesidades básicas se requiere un salario mí­nimo de Q3mil 100 promedio, en el campo la gente no sobrepasa los Q2 mil al mes y lo más importante es si tiene empleo”, dice Yoc.
A decir del entrevistado, preocupa que los jóvenes económicamente activos no tengan un empleo digno, pues es evidente que si obtienen recursos más altos escogerán este tipo de actividad.
“Desde luego resulta atractivo que en un solo evento –los jóvenes– puedan tener una cantidad de dinero, incluso resuelven lo de un año, por eso creemos que todos deberí­an tener el derecho a un trabajo, porque sencillamente son un grupo vulnerable, conquistable”, refirió.
Según la PDH, a través de la educación y la formación integral de una persona, es posible que pueda alcanzar una vida digna, de lo contrario, es muy difí­cil obtenerla.
“Es importante que las jovencitas y jovencitos tengan derecho a un proceso de formación integral, asimismo, se hace necesario tener programas extraescolares, extraaula que permitan formar mano de obra calificada, es importante fortalecer las fuentes de trabajo para que de esta manera también la gente tenga el derecho legí­timo de poder llevar a sus hogares y a su vida profesional los impactos satisfactorios mí­nimos para desarrollarse de manera digna e integral”, destacó.
Datos de la Coordinadora de la Juventud, indican que unos 25 mil jóvenes entre 14 a 29 años, están vinculados a algún tipo de acción delictiva.  La información ha sido obtenida de los privados de libertad que se encuentran purgando algún tipo de condena en las cárceles del paí­s.
Las principales propuestas en seguridad, de los candidatos a la Presidencia de Guatemala, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón, se basan en la pena de muerte y la aprobación de una Ley Antipandillas, ambos no han presentado públicamente la estrategia de apoyo para la  juventud y los conflictos de su entorno.