La Corte Suprema estadounidense rechazó hoy el recurso de decenas de prisioneros en la base naval de Guantánamo (Cuba) que solicitan el derecho a presentar su caso ante un tribunal federal para apelar su detención sin cargos, según informaron sus abogados.
Tres de los jueces hicieron saber que hubieran querido estudiar el tema, pero según las normas de la corte, se precisaba que cuatro de ellos lo aceptaran.
Esta decisión concierne principalmente a decenas de detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, a quienes el gobierno no prevé hasta el momento acusar o reenviar a sus países.
El 20 de febrero, la Corte de apelaciones federal de Washington sostuvo que estos prisioneros no podían llegar a la justicia federal para denunciar su detención, a pesar de ser un derecho garantizado por la Constitución estadounidense.
No obstante, en 2004, la Corte Suprema había declarado que los presuntos terroristas deben tener acceso a un tribunal para apelar su detención. Luego el gobierno puso en práctica un procedimiento de «revisión del estatuto del combatiente enemigo».
Los abogados defensores, que señalaban como este procedimiento administrativo donde los detenidos comparecían sin la presencia de abogados no correspondía a lo que la Corte Suprema exigía, presentaron un nuevo recurso que desembocó en la decisión de febrero.
Mientras tanto, una disposición de la ley sobre el trato a los presuntos terroristas -promulgada en otoño (boreal)- impidió a los «combatientes enemigos» llegar ante la justicia federal antes de ser juzgados por un tribunal militar de excepción.
La decisión de este lunes es el último capítulo legal en un duro debate respecto al tratamiento de los internos de Guantánamo, que llevó a la «guerra contra el terrorismo» a un conflicto con las libertades civiles que prevé la Constitución estadounidense.
El presidente George W. Bush ha designado a cientos de sospechosos de terrorismo como «enemigos combatientes» y Estados Unidos los ha mantenido detenidos en Guantánamo por años sin presentarlos ante tribunales militares por los cargos que se les imputan.
La Corte Suprema falló en junio de 2006 que los tribunales militares eran ilegales porque no fueron autorizados por el Congreso, una omisión del legislativo dominado por los republicanos que se remedió con la legislación aprobada cuatro meses después.
Pero los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, que actualmente tiene cerca de 385 internos, argumentaron no estar cubiertos por la Ley de Comisión Militar que prohibió a los sospechosos apelar su detención en cortes civiles.
El gobierno estadounidense dijo que acusaría entre 60 y 80 de esos detenidos en la base, incluyendo al presunto cerebro de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, Khalid Sheikh Mohammed.
Además, aseguró estar planeando enviar de regreso a sus países a 80 de ellos, dejando a más de 200 internos en un limbo legal, con pocas posibilidades de ser enjuiciados o enviados de vuelta a su país de origen.
El fallo de la corte de apelaciones calificó de «sin sentido» el argumento de los detenidos de que la ley tiene un vacío que les permite presentar un recurso de hábeas corpus, que prohíbe la detención sin cargos formales o pruebas.
La corte de apelaciones también rechazó el derecho de los detenidos a denunciar que la ley viola la Constitución estadounidense, que establece que el hábeas corpus puede ser suspendido sólo en caso de rebelión u otra situación extraordinaria.
En la última acción legal en Guantánamo, el australiano colaborador de Al Qaida David Hicks fue el viernes condenado a nueve meses de prisión que podrá cumplir en su país, luego de declararse culpable de terrorismo y retirar la acusación de haber sufrido abuso por parte de las autoridades estadounidenses.