El Departamento de Justicia pidió a una Corte federal de apelaciones hoy que bloquee la aplicación de una ley de inmigración de Alabama que muchos dicen es la más dura en el país, por considerar que invita a la discriminación de ciudadanos nacidos en el extranjero e inmigrantes legales.
En su recurso ante la corte de apelaciones del 11mo circuito en Atlanta, el gobierno alegó que la nueva ley «muy probablemente expondrá a personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos escolares, a nuevas dificultades en sus actividades rutinarias».
La legislación permite a las autoridades interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin permiso y detenerlas sin derecho a fianza. También da luz verde a los funcionarios para verificar el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas públicas.
Un juez federal en Alabama respaldó esos dos aspectos cruciales de la ley, que ya han entrado en vigencia.
Esas cláusulas ya en vigor son las que ayudan a hacer que la ley de Alabama sea más estricta que legislaciones similares aprobadas en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Otros jueces federales han bloqueado dichas leyes o partes de ellas en esos estados.
La cuestión migratoria se convirtió en un tema candente en Alabama durante la última década a medida que los habitantes hispanos en el estado aumentaron en 145% a unas 185.600 personas.
Aunque los latinos siguen siendo sólo aproximadamente el 4% de la población, algunos condados en el norte de Alabama tienen amplias comunidades que hablan español y escuelas donde la mayor parte de los estudiantes son hispanos.
La apelación del Departamento de Justicia dijo que partes de la ley entran en conflicto con las normas federales, y que «los intentos de deshacerse ‘por su cuenta’ de los extranjeros sólo impedirán el proceso de retiro establecido por la ley federal».
También indicó que la legislación podría tener un impacto en las relaciones diplomáticas con otros países.
«Alabama no se encuentra en una posición de responder a otras naciones de las consecuencias de su política», señaló. «Esa es responsabilidad del gobierno federal, que habla en nombre de todos los estados y debe asegurarse de que las consecuencias de la incursión de un estado en el ámbito de la ley de inmigración no repercutan sobre la nación en su totalidad».
Además, señaló que el requerir a los agentes que reporten ante las autoridades migratorias a la gente que carezca de credenciales adecuadas para justificar su estancia en el país «desvía innecesariamente recursos de las prioridades federales destinados a hacer respetar las leyes, y evita que las autoridades estatales y locales trabajen en verdadera cooperación con los funcionarios federales».