Estoy convencido que es absolutamente necesaria una reforma fiscal en el paí­s y que la misma tiene que contemplar no sólo la mejora de los ingresos, sino la calidad del gasto.

Siempre he pensado que sólo un gobierno que se esmere en la transparencia puede tener la autoridad moral para lograr un pacto fiscal, pero todos los polí­ticos en la llanura comparten ese punto de vista y lo cambian cuando llegan al poder.

Pero más que una reforma fiscal pienso que es indispensable que en Guatemala pongamos atención al rescate institucional del Estado, porque no se trata de inyectar fondos a instituciones que no funcionan, sino que debemos entender que urge la reforma misma del Estado para permitir que pueda cumplir con sus fines esenciales luego del descalabro que ha significado su persistente deterioro que se nota en todas las áreas de la administración pública.

Con las instituciones actuales podrí­amos duplicarles o triplicarles los recursos que de todos modos no podrí­an cumplir con sus fines esenciales, porque el problema de Guatemala no es únicamente financiero sino de deterioro institucional. No hay entidades públicas que tengan los sistemas para operar eficientemente, ya que prácticamente todo se ha contaminado con la corrupción que florece en medio de ese descalabro en el que los pescadores se convierten en  los únicos ganadores del rí­o revuelto.

Estoy absolutamente convencido de que necesitamos la reforma fiscal, porque entiendo que no hay paí­s que haya alcanzado niveles aceptables y sostenibles de desarrollo sin una fuerte inversión social, especialmente en los campos de salud y educación, áreas en las que nuestro rezago es lamentable. Pero no es únicamente cuestión de dinero, sino de enfoque para asegurar que hasta el último centavo se invierta eficientemente, de manera que rinda frutos y mejore las condiciones de la población. Cero tolerancia a la corrupción tendrí­a que ser uno de los objetivos del paí­s, pero en el marco de la impunidad que arrastramos no se puede pretender que haya un cambio significativo y lo que podemos esperar es que a mayores recursos haya mayores trinquetes, porque el sistema lamentablemente está diseñado para robar, para que los financistas de las campañas puedan recuperar su inversión en el menor tiempo posible y con la mayor tasa de rentabilidad.

Así­ como ningún paí­s alcanzó niveles de desarrollo sin estructuras tributarias justas que permitieran atender la demanda social, tampoco hay alguno que lo haya logrado sin tener instituciones eficientes, un Estado capaz de cumplir con la meta de promover el bien común y el desarrollo de todos los habitantes del paí­s. Es más, hasta los paí­ses que llegaron a ser desarrollados sufren serios retrocesos cuando descuidan la eficacia de sus instituciones en el cumplimiento de sus fines, puesto que se quiera o no la vida en sociedad demanda formas de organización que no sólo aseguren la convivencia pací­fica y el respeto a la ley, sino el esfuerzo colectivo en busca de los fines de interés nacional.

Las reflexiones derivadas de la última conferencia de seguridad tienen que ser profundas, y ya que el tema fiscal ocupó un lugar importante, no puede dejarse de hablar de la reforma del Estado, del rescate de la institucionalidad y la construcción de un modelo verdaderamente democrático que sustituya al pistocrático que actualmente padecemos. Centrar la discusión únicamente en el aumento de los ingresos fiscales es cerrar los ojos a una dramática realidad que nos está asfixiando y que si bien tiene relación con el factor de los recursos, está mucho más í­ntimamente ligada a esa forma malévola en que se alentó la crisis institucional para facilitar la corrupción y la podredumbre. Guatemala ciertamente merece un debate más profundo para lograr un Estado que funcione.