Como es del conocimiento público, la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) arribó esta semana a su cuarto aniversario de permanencia en el paí­s y durante el acto de presentación del informe de lo ejecutado en ese periodo de tiempo, el jefe de dicha comisión exhortó a los candidatos presidenciales, aún en contienda a combatir al crimen organizado, llamado oportuno que fue respondido por ambos contendientes, por supuesto con los mejores ánimos, deseos y promesas, las cuales en todo caso deben de ser reclamadas a quien resulte ganador en las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre.

Tal y como lo informa el matutino Prensa Libre en su edición del dí­a jueves, tanto Pérez Molina como Baldizón se comprometieron a continuar con el apoyo a la CICIG, sin embargo dichas promesas deben de ser vistas también de cara y a la luz de las propuestas que ambos candidatos realizan en sus campañas sobre temas como seguridad y justicia, cuya ausencia precisamente provocó la venida de la comisión y que son elementos que no pueden esperar en cola a que se resuelva el tema de la impunidad pues se complementan a un mismo nivel.

Resulta importante invitar a todos los lectores a que revisen la contraposición de propuestas que hacen los candidatos sobre seguridad y justicia, publicada por este vespertino en su edición del dí­a miércoles, en donde resalta el hecho de que ambos candidatos están de acuerdo en combatir el crimen organizado, al narcotráfico, al fortalecimiento del sistema de justicia y a exorcizar a Guatemala si fuera necesario para combatir todas esas lacras que afectan a nuestra sociedad, pero difieren en la forma de lograrlo. Al ciudadano común seguro debe de importarle el combate a la impunidad, el problema radica en que esa impunidad no la siente como un hecho que le amenace o le afecte de manera inmediata, pues su situación está más allá de la necesidad de combatir a la impunidad que asocia a los cí­rculos de poder, a las grandes mafias o al crimen organizado, mientras que su necesidad inmediata radica en la incapacidad del Estado para brindarle seguridad y justicia para su persona, familia y entorno, algo que ve, sin duda a corta distancia.

Si bien es cierto, el que la impunidad en Guatemala sea destruida traerá en un futuro una respuesta a la seguridad y a la justicia que la sociedad demanda, la meta, el empuje y el objetivo del nuevo Gobierno debe de ser también el atender la inmediata necesidad de prevención y a través de esta permitir que los ciudadanos simplemente puedan retomar sus vidas sin estar coaccionados o condicionados por la violencia que cada dí­a se torna más insoportable. Sin duda, impunidad, injusticia, inseguridad conforman un grupo de palabras de las que todos estamos hartos pero que lamentablemente conforman nuestro dí­a a dí­a, el reto del nuevo Gobierno es eliminar todos y cada uno de esos vocablos de nuestro lenguaje, tarea complicada y ardua que sin embargo no puede ser pospuesta.