La iniciativa de ley 4371 que se encuentra en discusión en el Congreso de la República busca reformar artí­culos del Código Procesal Penal en lo relativo a la prisión preventiva. El magistrado César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, adversa la iniciativa por considerar que pone en riesgo la persecución y sanción de delitos.

La citada iniciativa busca reformar el Código Procesal Penal y la Ley para Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, lo que a criterio de César Barrientos, titular de la Cámara Penal de la CSJ, atenta contra el aseguramiento del proceso penal.

Uno de los considerandos de la citada iniciativa detalla que se hace necesario en las ya citadas leyes “reformas que tiendan a garantizar y proteger los principios constitucionales de fundamentación e inocencia, lo que permitirá tramitar únicamente procesos en los que sí­ existe fundamento serio para someter a una persona a un proceso penal y la debida imposición de medidas de coerción”.

La iniciativa 4371 busca reformar el Código Procesal Penal dejándolo así­: “No podrá motivarse auto de prisión preventiva y de procesamiento cuando medie únicamente la declaración de un testigo o testigo protegido y no se haya investigado u obtenido otros medios de prueba fehacientes que constituyan fundamento para considerar que la persona sindicada cometió un delito o participó en la comisión del mismo”.

Además, plantea la siguiente reforma: “En ningún caso se tendrá por suficiente prueba la declaración que se presente sin que existan medios de prueba fehacientes adicionales que hagan creer que el sindicado ha cometido un hecho delictivo o participado en él”.

A criterio de Barrientos, esa iniciativa “atenta con el aseguramiento del proceso penal porque desvirtúa y condiciona  los presupuestos que los jueces deben considerar para dictar la prisión preventiva como medida cautelar”.

El magistrado Presidente de la Cámara Penal adversó la iniciativa y añadió que la misma “pone en riesgo la persecución y sanción de delitos así­ también retrocede en cuanto a las reformas ya planteadas para mejorar el proceso.

Barrientos busca solicitar al Congreso de la República que no continúe con el trámite de aprobación de la citada iniciativa de ley por considera que afecta los intereses generales de las y los guatemaltecos protegidos en la Constitución.