Francisco Dall’Anese, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha lanzado algunas botellas al mar; los mensajes en su interior se refieren a la necesidad de depurar el Organismo Judicial, lo que no ha sido bien recibido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). ¿Qué hay más allá de los intercambios de opiniones en los tabloides? ¿Es necesaria una depuración en el poder Judicial? y más allá de eso, ¿Es posible?

Muchas veces son las chispas más pequeñas las que generan la explosión, pero eso sólo depende del tipo de pólvora que se use, por lo que el tema que esta vez Dall’Anese colocó sobre la mesa generó uno de los fuegos más ardientes de su gestión. 
 
Pese a las opiniones contrarias, algunas que se muestran a favor y otras en oposición a la postura del titular de la CICIG, la mayorí­a coincide en que la depuración en ese poder del Estado es necesaria y urgente, sin embargo, el camino hacia ella no parece fácil. 
 
La mecha se encendió el 15 de julio último, cuando Dall’Anese declaró a un medio de comunicación impreso que en el paí­s no existí­a objetividad ni imparcialidad para procesar a las personas vinculadas con hechos delictivos. 
 
LA CHISPA ADECUADA
La pequeña chispa que encendió este encuentro fue una sola palabra: “ignorancia”, que según la CICIG fue mal interpretada, a fin de cuentas originó el problema. Las declaraciones de Dall’Anese fueron: “Cuando hay prueba técnica y evidente, como las auditorí­as, los jueces dicen que no hay pruebas; pareciera que hay una gran ignorancia en lo que están haciendo”.
 
Otras  frases del Comisionado han sido: “Lo lamentable es que en el momento en que se ha puesto en evidencia a jueces que violan la ley, la Corte los respalda y le prohí­be a la Prensa hablar de ellos”.
 
“Estamos en una reducción de casos, que están allí­ en el circulante de la CICIG, porque parte del personal que tenemos lo vamos a redestinar para formar un equipo de depuración del OJ para que hagan investigaciones sobre actuaciones de jueces”, declaró también Dall’Anese, pero hasta ahora no ha habido acciones concretas sobre la depuración por parte de la CICIG. 
 
“Creo que estamos dando en el nudo de la impunidad en Guatemala, y es un poder judicial que tiene que ser depurado y ser objeto de reingenierí­a”, declaró recientemente el jurista costarricense en una entrevista concedida a la agencia EFE.  
 
“Los jueces no van a tolerar que se les levanten las enaguas y que se vea que hay un alto grado de corrupción en el poder judicial”, continuó el titular de la CICIG y agregó: “cuando se ha denunciado tal situación la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha salido en apoyo a estos jueces, en sentido contrario para quien ha denunciado un programa de transparencia y cero tolerancia en la corrupción”.
 
SIN AUDIENCIA
A lo anterior respondió el presidente de la CSJ, Luis Arturo Archila: “Que me disculpe (Dall’Anese), él jamás ha recurrido a la Presidencia de la Corte de manera directa para el tema, él lo ha hecho a través de los medios de comunicación y yo he tenido, obligadamente, que responder ante los medios por esas imputaciones. Jamás ha pedido él una audiencia”.
 
El presidente de la CSJ añadió: “Me extraña que el señor Dall’Anese siga utilizando los medios inadecuados para hacer imputaciones genéricas en contra del OJ, creo que cuando hay señalamientos concretos lo que debe hacerse es seguir los procedimientos legales adecuados a efecto de obtener los resultados que efectivamente pongan coto a las anomalí­as si es que existen”.
 
Archila ha indicado también que respalda a los juzgadores, porque no todos son corruptos y ha enfatizado que si Dall’Anese o la CICIG está en contra de una resolución judicial, debe impugnar por medio de un mecanismo legal.
 
No obstante lo anterior, Dall’Anese ha sostenido que: “Desde la judicatura se están dando manifestaciones públicas para que (la CICIG) se vaya de Guatemala” y añadió: “Cuando un fiscal es atacado o está en situación de riesgo es porque está trabajando… Castresana llegó a un punto donde habí­a tocado los núcleos duros de algunos grupos que hay que tocar”.
 
MEDIOS SIN EFECTOS 
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, califica como “desafortunadas” las declaraciones tanto de Dall’Anese como de Archila y considera que los medios de comunicación han hecho eco de esas declaraciones, pero sin efectos reales. 
 
“Me parecen actitudes desafortunadas y declaraciones fuera de lugar de los dos sectores, cada uno debe cumplir su mandato y si la actuación del otro impide que se realice el trabajo  de cada uno se deberí­a señalar de forma concreta en qué consisten esas falencias para mejorarla y superarla”, señaló el expresidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJS.
 
El entrevistado añade que “no se debe perder de vista que el fin último de las dos entidades (CICIG y OJ) es exactamente el mismo: la consolidación de un sistema de derecho y la aplicación de ley”, expone. 
 
“Creo que los medios son una caja de resonancia que a la larga no tiene efectos porque los principales actores hacen caso omiso de las quejas y reclamos de la sociedad en general, más pareciera cosas de escueleros que en recreo se dan unos a otros sin efecto positivo”, critica Fernández, sobre la difusión de ese tema por parte de los medios de comunicación. 
 
No obstante, el abogado señala que es importante la depuración estructural del OJ sobre todo en los temas estructurales: “Sobre todo los mecanismos para escoger magistrados y jueces de primera instancia”, indica. 
 
PARTE DEL MANDATO
Pero la duda de muchos es si la CICIG puede o no intervenir en una posible depuración del poder judicial, pregunta a la que respondió Oswaldo Samayoa, director de incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. 
 
“Esa acción no viola el mandato porque la CICIG está en Guatemala para desarticular los cuerpos ilegales y clandestinos, para emprender una lucha contra la impunidad y ésta se genera en el OJ por falta de independencia e imparcialidad de jueces”, señaló Samayoa. 
 
El analista añadió que ese tema no generarí­a una violación al mandato, ya que al señalar que los funcionarios del OJ “promueven la impunidad y señale que hay abiertos casos en investigación se está buscando desarticular esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, opina. 
 
Samayoa señala que con la depuración la CICIG se enfrenta a tres grandes escenarios: “Un sistema infiltrado por cuerpos ilegales y clandestinos, grupos de poder paralelo que están interesados en que no se dote de recursos adecuados al OJ y una ciudadaní­a poco informada y poco consciente   de empoderar al sistema de justicia”.
 
El entrevistado señala finalmente que las posiciones tan férreas de parte de los jueces y magistrados organizados como del presidente de ese organismo son parte de una cultura en la que los funcionarios se sienten ofendidos cuando se les señala la debilidad de la institución a la que pertenecen, lo que a su criterio no es conveniente. 
 
LA LEY ES LA Mí‰DULA
Para Eleonora Muralles, titular del Movimiento Pro Justicia, lo medular a la hora de emprender la depuración de jueces es la ley, ya que en muchos casos es la misma ley la que permite que los trabajadores del OJ no sean sancionados con medidas drásticas y curativas para el poder judicial. 
 
“En el OJ habrá que apoyar fuertemente la supervisión de tribunales y todo los que se encargan de revisar al personal para que se pueda evaluar al personal y sacar a quien tenga que salir mediante un proceso que permita de una vez procesarlos para que no se vayan a infectar a alguna otra institución”, apunta en primer lugar la analista.
 
Pero lo anteriormente descrito es apenas un ideal, pues existen normativas que habrá que revisar para  echar a andar un proyecto de depuración como el que, según Muralles,  hace falta en el OJ.
 
“Hay que revisar la normativa, porque es la norma la que ha creado una estructura de esa manera y es una limitante, hay que plantear una reforma a las estructuras que existen en las instituciones para que los que revisan las actuaciones dependiendo de cada institución sean imparciales y objetivos”, señala Muralles al respecto.
 
La analista cita de ejemplo que en la Policí­a Nacional Civil se logró implementar un Tribunal Disciplinario donde hay policí­as, pero también gente de la sociedad civil y del Ministerio Público, lo que a su criterio deberí­a lograrse en el poder judicial. 
 
“Habrí­a que crear una comisión superior y que ésta investigue, aunque suene muy ideal, hay que ir por pasos y buscar cuál es la figura que se considera que funcionarí­a que creo que es una serie de cambios, lo importante ahora es empezar por la evaluación de desempeño”, sugiere Muralles.
 
La entrevistada señala finalmente que no sólo el poder judicial necesita una depuración, sino “todas las instituciones de seguridad y justicia que están infiltradas”, entre las que menciona el Ministerio Público, de Gobernación y el Sistema Penitenciario. 
 
“Hay que hacer un esfuerzo conjunto y tratar de limpiarlas, lo fundamental ahora mismo es apoyar y reforzar la institucionalidad para la evaluación del personal, no sólo a la gente vinculada con estructuras criminales sino también a la eficiencia o no del personal en una gran evaluación de desempeño”, puntualiza Muralles.