No puedo negar la sorpresa que me causó ver que la Contralora General de Cuentas de la Nación, Nora Segura de Delcompare, acudió al Congreso para pedir que se impida la contratación de Organizaciones No Gubernamentales para la ejecución de la obra pública, especialmente la que administran los diputados como parte del arreglo que tienen para manejar a su sabor y antojo el famoso listado geográfico de obras. Y digo sorpresa porque es algo que la Contralorí­a tení­a que haber hecho hace muchí­simo tiempo, desde antes de que la actual titular del despacho asumiera el cargo porque resulta tan obvio que se han encontrado formas de burlar la ley que tendrí­amos que frenarlas a como dé lugar.

Pienso que la acción de la Contralora es no sólo tardí­a sino insuficiente porque tiene que aplicarse también a la contratación de fideicomisos para administrar los recursos públicos y a la contratación de entidades internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la OACI y el mismo PNUD que sirven de parapeto para que no se aplique la ley de compras y contrataciones del Estado. En el primer caso porque se aduce el secreto bancario como barrera para impedir que las instituciones fiscalizadoras y la misma ciudadaní­a puedan indagar sobre la forma en que se gasta el dinero del pueblo. Y en los siguientes porque se acude a la inmunidad diplomática para que esas entidades escondan bajo siete llaves los términos de referencia, los planos, los contratos y los pagos que se hacen, de manera que nadie, ni la Contralorí­a de Cuentas que tiene un claro mandato constitucional, pueda averiguar absolutamente nada.
 
  La Constitución establece que todo recurso público tiene que ser debidamente auditado y eso se vuelve imposible porque mañosamente se encontraron los mecanismos para burlar la ley. Debemos empezar por hacer una investigación sobre cómo se inició tal práctica y quiénes fueron los promotores de esa argucia legal que tiene la finalidad esencial de enturbiar los datos para hacerlos inaccesibles a la población y a los encargados del control del gasto. Se sabe de fideicomisos en los que se maneja con manga ancha el recurso público y se paga sueldos a personajes allegados a los fideicomitentes que superan los cien mil quetzales al mes sin que se tenga derecho a saber qué hacen esas personas y cuál es el fruto de tan jugosos salarios. Pero eso de los sueldos al final es la bicoca de todo el trinquete, puesto que lo grueso está en la forma en que se contrata y es obvio que organismos internacionales prestan su nombre para convertirse en cómplices de la porquerí­a que hay en el paí­s en la gestión pública.
 
  Porque eso de que organismos internacionales sean garantí­a de transparencia es una barrabasada como aquella de que la certificación de la firma de auditores Arthur Andersen era garantí­a de transparencia en la venta de GUATEL, cuando la misma firma desapareció al poco tiempo porque su gran activo que era la capacidad de certificar datos contables se hizo añicos por la forma en que manejaron la contabilidad de ENRON. Tortas y pan pintado, porque todo es la búsqueda de instrumentos que oculten la ruta del dinero sucio hacia los bolsillos de los funcionarios mediante mordidas enormes.
 
  La Contralora tiene frente a sí­ un reto muy grande, pero se tendrí­a que llevar entre los pies a quienes la pusieron en el cargo y a saber si estará dispuesta a llegar a eso. Pero si hiciera bien su trabajo, le harí­a al paí­s el más importante aporte que pueda imaginarse, desnudando la picardí­a y ordenando el cese de prácticas indecentes en la contratación pública.