La Asamblea Nacional Constituyente decretó, sancionó y promulgó la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, norma de rango constitucional en que se fundamenta la existencia del Tribunal Supremo Electoral, el cual conforme a las leyes es la institución que convoca, norma y regula los procesos electorales en nuestro paí­s.

El primer Tribunal Supremo Electoral fue presidido por don Arturo Herbruger Asturias y cuatro magistrados titulares y cinco suplentes. Su proceder, su actuar y el resultado de las mismas dio solidez y tranquilidad al inicio del perí­odo democrático.

Son varias las etapas, los nombres de quienes han sido electos para integrarlo y poco a poco su prestigio, su solidez ha ido declinando, llegándose al momento actual en el que las personas, titulares y suplentes, que integran el mismo son menos respetadas que quienes les precedieron en dichos cargos.

El presupuesto que les corresponde es como mí­nimo el 0.5 por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado; sin embargo, en el año que se celebran procesos electorales o procedimientos consultivos, la asignación presupuestaria se aumenta “en la cantidad que sea necesaria para satisfacer los egresos inherentes al proceso de elecciones, conforme la estimación que apruebe y justifique previamente el TSE”.

Cada proceso eleccionario que ha sido realizado, aumenta el monto que estima necesario para celebrar las elecciones y en este momento el requerimiento que efectuó y le aprobó el Congreso ronda en los Q650 millones, lamentablemente para hacer las adquisiciones pertinentes, como son papel, tinta, mesas y cubí­culos donde ejercer el voto, computadoras, UPS y todos los insumos que ha considerado conveniente y necesario adquirir, no lo ha hecho de forma adecuada, no nombró oportunamente las comisiones de licitación, no observó los procedimientos normales y adecuados de compras y a último momento, a través de sus cinco magistrados titulares, se dedicó a recibir las ofertas, las cotizaciones y a adjudicar las mismas, conllevando ello en que son los cinco magistrados titulares los que se han convertido en los responsables de la adjudicación, de la compra de la mayorí­a de los Q650 millones.

Como los magistrados son abogados su experiencia administrativa, financiera y contable es limitada y aún con la mejor buena fe, es muy probable que incurrieran en ineficiencia y errores. Qué han hecho con todos los insumos que adquirieron hace cuatro años cuando también compraron computadoras, UPS, mesas y cubí­culos para votar, vehí­culos y demás. Asimismo, qué harán con todos los bienes, muebles y técnicos que adquirieron para las actuales elecciones.

Pretender decir que el Tribunal Supremo Electoral, con su personal permanente, incluyendo sus delegaciones en el paí­s, no le sobrará computadoras, fax, mobiliario y vehí­culos es ignorar la realidad, por ello las autoridades fiscalizadoras, incluyendo al Congreso, deben poner atención para que ese enorme gasto no se convierta en desperdicio y así­ todo lo que no sea indispensable y justificable sea trasladado a las escuelas y a las entidades públicas, incluyendo al INE para que lo invertido no se vuelva chatarra.

En cuanto a los magistrados titulares y suplentes ha sido tan pobre su actuar en el proceso eleccionario que por dignidad deberí­an de renunciar concluida la segunda vuelta electoral y dejar así­ a disposición del nuevo Congreso que elija quién los sustituya y de esa manera aceptar que su actuar ha sido tan deficiente y cuestionable que para salvar y recuperar su honor se van voluntariamente.