Argentina está proclamando una nueva era en minería e hidrocarburos, dando la bienvenida a inversiones foráneas por miles de millones de dólares para explotar vastos yacimientos de gas natural, petróleo, oro, litio y otros metales que antes se pensaba no eran rentables o accesibles.
Sin embargo, existe un factor que amenaza este auge de recursos, algo que tanto políticos como directivos del sector energético rara vez mencionan: se requerirán enormes volúmenes de agua para la extracción de estas riquezas en un país donde la escasez del líquido ha sido durante mucho tiempo un lastre para el desarrollo y el 16% de las viviendas carecen de acceso al agua potable.
Para obtener todo el valor energético prometido de un gran depósito de petróleo y gas de esquisto en Argentina anunciado este año, los expertos dicen que podrían requerirse unos 144 mil millones de litros (38 mil millones de galones) de agua, equivalentes a la cantidad diaria total de agua suministrada por los sistemas públicos a todo Estados Unidos.
Otros proyectos importantes incluyen Pascua Lama, la mina de oro más alta del mundo, ahora en desarrollo sobre la frontera entre Argentina y Chile. Está programada para inaugurarse en la cordillera de los Andes y producir metales preciosos durante 25 años. La roca será procesada del lado argentino con una mezcla de cianuro y 53 mil millones de litros (14 mil millones de galones) de agua, de acuerdo con el gigante minero canadiense Barrick Gold Corp.
Barrick Gold dice que ese tipo de mina usará menos de 1% del agua corriente de los ríos vecinos, pero río abajo en la provincia de San Juan, la gente ya enfrenta restricciones en el uso del agua y debe pagar 99 veces más por el agua de lo que la mina pagará bajo un acuerdo con autoridades de la provincia, dijo el legislador Miguel Bonasso, que encabeza la comisión de recursos naturales en el Congreso y patrocinó una Ley de Glaciares, la cual promete crear un inventario científico de los recursos hídricos de la nación.
Si Barrick Gold tuviera que pagar el mismo precio que los ciudadanos pagan por el agua, no invertiría en la mina, pues no sería rentable, dijo Bonasso el viernes.
Mientras tanto, el ministerio de Minería argentino calcula que puede obtenerse litio por valor de 50 mil millones de dólares tan sólo en las salinas de la provincia de Jujuy, casi el mismo valor que el total de las reservas extranjeras del país. El litio se utiliza en baterías que dan energía a teléfonos celulares, computadoras portátiles y automóviles eléctricos.
Sin embargo, para extraerlo es necesario la utilización de agua para preparar una salmuera espesa que los grupos indígenas temen les destruirá su sustento tradicional de la recolección de sal.
Pero la atención recientemente se ha centrado en el descubrimiento de un yacimiento enorme de gas y petróleo encontrado en una capa de esquisto a gran profundidad en el subsuelo de la cuenca «Vaca Muerta», en la provincia de Neuquén.
Aunque el 90% de sus principales depósitos están sin explorar, Vaca Muerta podría incrementar las reservas petroleras de Argentina en al menos 750 millones de barriles, y probablemente tres veces esa cantidad, dijo Michael Lynch, analista petrolero y presidente de Investigación Estratégica de Energía y Economía.
Vaca Muerta tiene unos 4,5 billones de pies cúbicos de gas natural, según la empresa española Repsol-YPF, especializada en energéticos.
El descubrimiento elevó las reservas de gas en esquisto «técnicamente recuperable» de Argentina a 774 billones de pies cúbicos, de acuerdo con cálculos del Departamento de Energía de Estados Unidos, las cuales tienen el potencial de convertir al país sudamericano en el tercer mayor proveedor de gas de esquisto en el mundo después de China y Estados Unidos.
La formación de la Vaca Muerta es más que importante porque permitirá mantener y fomentar un mayor desarrollo para todos los argentinos, dijo la presidenta Cristina Fernández cuando anunció el descubrimiento.
La semana pasada, la presidenta procedió a asegurar compromisos de inversiones por 1.150 millones de dólares con Exxon Mobile Corp., AES Corp. y Apache Corp., con cuyos ejecutivos se reunió en Nueva York.
Por mucho tiempo se pensó que estos yacimientos carecían de valor, pero ahora son explotables mediante una técnica conocida por su término abreviado de «fracking».
Estados Unidos es pionero en esta tecnología que implica perforaciones profundas y después horizontales por la capa de esquisto, en la cual se efectúan detonaciones. Después se inyecta una mezcla de agua, arena y otras sustancias químicas a alta presión para expulsar el gas a la superficie.
La realización del fracking precisa entre casi 19 millones y 23 millones de litros (entre cinco millones y seis millones de galones) de agua por pozo, y serían necesarios miles de pozos para extraer los volúmenes de gas y petróleo que esperan producir, dijo Anthony R. Ingraffea, profesor de ingeniería de la Universidad Cornell y experto en la compleja mecánica de fracturar la roca en lo profundo del subsuelo.
En el árido occidente de Argentina, el agua tendría que extraerse de mantos acuíferos profundos, ríos o de embalses que contienen el agua proveniente de la nieve y glaciares que se derriten en los Andes.
Una vez utilizadas en el fracking, estas aguas quedan tan contaminadas que ya no se pueden reciclar para agua potable o de riego. En Estados Unidos, con frecuencia esta agua residual es inyectada muy abajo en el subsuelo, donde los ambientalistas dicen no hay garantía de que no contaminará el agua en las acuíferas.
Estas partes de Argentina «se volverán mucho más secas», dijo Ingraffea, partidario de limitar el fracking debido a las quejas de contaminación de agua.
El fracking varía en base a la geología de cada lugar, pero en el depósito de esquisto de Barnett, ubicado en el norte de Texas — con una aridez similar a la región argentina en cuestión — se han instalado más de 15 mil pozos de los que se han extraído en los últimos 18 años más de 8,8 billones de pies cúbicos de gas.
Así pues, si Vaca Muerta necesitara apenas la mitad de ese número de pozos, consumiría casi 144 mil millones de litros (38 mil millones de galones) de agua para la extracción del gas, con base a lo que Ingraffea describió como un volumen conservador de casi 19 millones de litros (cinco millones de galones) por pozo.
«Es evidente que es una cantidad enorme de agua», dijo Daniel Tallian, quien dirige el Centro de Derechos Humanos y Ambiente en Argentina. «Yo también haría énfasis en la importancia y el peligro que representa para los acuíferos subterráneos, que son un recurso crucial y delicado».
La industria del petróleo y el gas sostiene que tiene capacidad para no contaminar los depósitos subterráneos de agua de las proximidades, pero en Estados Unidos aumenta el desafío de los ambientalistas a esta aseveración.
Estos dicen que hubo muerte de peces por envenenamiento a causa de la contaminación en pozos y acequias después del inicio de las perforaciones.
Entonces, si en Estados Unidos no ha podido solucionarse este debate en su sistema de justicia relativamente veloz y amplias normas ambientales, ¿está Argentina —o cualquier país en el mundo en desarrollo— preparada para que le vaya mejor?
Talliant cree que no: «Hemos realizado estas actividades durante años sin ninguna consciencia social. Apenas en fecha reciente comenzamos a advertir que estamos poniendo en peligro nuestros recursos ambientales fundamentales».
La Ley de Glaciares, aprobada en noviembre del 2010, prohíbe prácticamente cualquier actividad humana en glaciares y en áreas adyacentes del permafrost rocoso que recientemente estaban cubiertas de hielo y que aún contienen agua.
De acuerdo a la ley, es necesario la realización de un inventario científico del agua procedente de los glaciales, que por extensión protegería las aguas corriente abajo. La mayor parte del agua en la región occidental árida de Argentina proviene de los picos andinos, justo donde se tiene pensado realizar la mayoría de la actividad minera.
Fernández vetó antes una ley de glaciares debido a las exigencias de sus aliados de provincias mineras hasta que dejo ser aprobada la versión más reciente, pero fue bloqueada de inmediato en tribunales por compañías mineras y autoridades provinciales, y el presidente no la ha respaldado desde entonces, señaló Bonasso.
Los grupos indígenas, por su parte, afirman que las autoridades provinciales no los han protegido de la contaminación de las aguas.
En 2001, los mapuches de Neuquén lograron que les llevaran agua potable en camiones a su comunidad después de que acudieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otras 33 comunidades indígenas afirman en una demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las provincias de Jujuy y San Juan efectúan explotación de minerales y les arruinan sus recursos hidráulicos sin consultarles.
La mayor parte de estos casos están ahora ante la Corte Suprema, que ahora debe decidir qué es más importante para la carta magna: la protección ambiental o los derechos mineros de las provincias.