En la sede de la Corte de Constitución (CC) se entregó un recurso de amparo contra el Congreso de la República por la aprobación del decreto que le da viabilidad al préstamo de $265 millones.
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Los abogados Alfonso Carrillo Marroquín y Alfonso Carrillo Montiel se presentaron a la CC para que no se sancione el decreto que aprueba el préstamo de $265 millones por supuestas inconstitucionalidades cometidas por los diputados del Congreso de la República la semana pasada.
Este préstamo fue aprobado después de meses de discusión y largas negociaciones entre el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
Después de haber pasado sus tres lecturas e iniciándose con la aprobación final por artículos, se conoció que el artículo 5 contenía una ampliación presupuestaria de $1.5 millones.
Esta situación molestó a los Patriotas, sin embargo, tras varias pláticas a lo interno se logró aprobar con la enmienda que se solicitaba en la que se pedía que los fondos de inversión se trasladaran a fondos de financiamiento, algo prohibido por la Carta Magna en su artículo 238.
En el recurso presentado por los abogados Carrillos y del cual La Hora tuvo acceso se indica que esto fue presentado por las amenazas del presidente de la República, ílvaro Colom y del Congreso en publicarlo en el diario oficial y luego aprobarlo finalmente.
Según lo presentado, se viola el artículo 238 literal B que dice “los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma, las transferencias deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento de pago de deuda púbicaâ€.
Así mismo, también se hace mención de la violación de los artículos 152 y 154 de la misma Constitución de la República.
El artículo 152 agrega que “el poder proviene del pueblo, su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta leyâ€.
El articulo 154 menciona que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político algunoâ€.
El amparo fue presentado junto con publicaciones de varios medios impresos como prueba de la aprobación de los préstamos y la inconstitucionalidad a la que se hace mención.
Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Finanzas, respondió que respeta la postura de los profesionales que interpusieron esta acción, “pero la única institución que puede dictaminar que es inconstitucional o no es la CCâ€.