Se ha comunicado que como parte de la visita de los Reyes de España a Guatemala, se ha logrado un acuerdo entre ambos países para establecer un mecanismo de cooperación que permita montar un cuerpo de investigadores para controlar a los cuerpos de seguridad y evitar que se involucren en actividades delictivas. Labor de inteligencia es la que en teoría tendrían que realizar esos asesores que España enviará en poco tiempo al país y que vendrán a una auténtica cueva de lobo, porque no es secreto que las fuerzas del orden público en Guatemala han actuado al margen de la ley y así lo han visto observadores extranjeros, aunque nuestro gobierno siga cerrando los ojos a esa realidad.
La decisión de pedir apoyo a España parece tener origen en la Vicepresidencia de la República, porque ni el presidente Berger ni su nueva Ministra de Gobernación tienen disposición a admitir que existen cuerpos ilegales funcionando adentro de la Policía Nacional Civil en esas tenebrosas tareas de ir eliminando delincuentes, como hicieron cuando recibieron información que marcaba a los diputados del Parlamento Centroamericano como narcotraficantes, lo que hizo que simple y sencillamente, sin mucho trámite ni miramiento, se les ejecutara como se ha ejecutado a tanta gente en los últimos años en el país.
Por supuesto que siempre es desagradable tener que pedir que de afuera nos vengan a contar las costillas, pero lamentablemente cada vez se ve menos probable que nuestra propia estructura pueda realizar una labor de depuración efectiva, puesto que los niveles de contaminación van mucho más allá de lo que en forma muy superficial estimó la nueva Ministra al afirmar que el 90 por ciento de la fuerza policial es confiable y que apenas un 10% pueden estar involucrados en actividades delictivas. Si esos porcentajes fueran reales, nuestra situación sería muy similar a la de cualquier policía del mundo y acaso hasta mejor, porque no hay forma de eliminar la corrupción en ningún país y una décima parte de elementos que incurren en acciones reñidas con los procedimientos puede sonar como normal.
En el caso de Guatemala el problema se agrava porque no sólo en la PNC estamos contaminados, sino también en el Ministerio Público, en los Tribunales y en las cárceles, lo que hace que la situación sea mucho más complicada y más urgente disponer de un mecanismo de investigación autónomo, no contaminado, que pueda profundizar para lograr una depuración efectiva. Sin ello, con criterios complacientes como el de la nueva Ministra, la depuración será una quimera y sus resultados similares al famoso reciclaje que constituyó el pecado original de nuestra Policía Nacional Civil. La necesidad de establecer parámetros legales y científicos para someter a evaluaciones a los agentes es urgente y tiene que aplicarse a todas las fuerzas de seguridad sin distingos para lograr que actúen en beneficio de la población y no como sus verdugos.