Organizaciones de la sociedad civil piden que las reformas a la Constitución de la República sean aprobadas bajo estándares internacionales para evitar manipulaciones en la elección de magistrados y jueces.

La independencia de poderes y la independencia judicial forman parte de los estándares internacionales que piden organizaciones como el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y Movimiento Pro Justicia (MPJ).

A decir de Sandino Asturias, coordinador del CEG, la autonomí­a de estos poderes no está garantizada en Guatemala, “el Estado de derecho es la independencia de los poderes y aquí­ hay una mezcla de los poderes”, explica.

Actualmente, en la legislación guatemalteca el Organismo Legislativo tiene la potestad de designar a los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como de la Corte de Constitucionalidad (CC), así­ mimo el Organismo Ejecutivo interfiere en la elección de estos funcionarios.

La propuesta de reformas a la Constitución presentada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), las universidades de San Carlos de Guatemala y Rafael Landí­var entiende este punto, sin embargo, expertos agregan que estas modificaciones tienen que regirse bajo normas internacionales para que se respete el derecho internacional.

Entre estas reglas se contempla fortalecer la carrera judicial para que quienes empiecen como juez en primera instancia puedan subir de rango y terminar de magistrados en la CSJ por méritos y oposición.

“La verdadera independencia judicial es cuando hay una total autonomí­a de los poderes para ser electos”, agrega Sandino, por lo que los estándares internacionales plantean mecanismos para que los magistrados no sean promovidos por asuntos polí­ticos, “porque cuando estos abordan puntos sensibles que afectan a un poder polí­tico y económico  están sujetos a que no vuelvan a ser electos”.

Así­ mismo, la división de las funciones administrativas y judiciales es vital para que estos personeros públicos puedan dedicar su tiempo en el verdadero trabajo judicial, agregó Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en la presentación de estas reformas el pasado miércoles.

La propuesta del CEG es crear un Ministerio de Justicia para que maneje lo financiero y quitarle el poder del dinero a la CSJ.

Las reglas internacionales que contemplan estos puntos son las suscritas en el Convenio Interamericano y de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tratados relativos a derechos civiles y polí­ticos, el Pacto de San José, La Convención Interamericana de Derechos Humanos y un paquete de normas de la ONU en relación a la administración de justicia.

“Esperamos que los estándares internacionales sean el norte de estas reformas para que el proyecto presentado por estas instituciones esté acorde a estos convenios”, dijo por su parte Carmen Aí­da Ibarra del MPJ.

A decir de la directora de este movimiento, es importante plantear estos convenios ya que a la hora de que los diputados inicien con las enmiendas a esta iniciativa de reformas no pierdan de vista el derecho internacional y lo respeten como tal.