Un reciente estudio elaborado por el licenciado í‰dgar Alfredo Balsells Conde, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela que el costo económico de la violencia en Guatemala asciende a Q17,900.4 millones, equivalente al doble de los daños que ocasionó la tormenta Stan y a más del doble de los recursos asignados a los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura en 2006, es decir al 7.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
El analista comentó a La Hora Política algunos de los hallazgos de la investigación que desnudan la triste realidad de nuestro país en esta materia y que debe ser tomada en cuenta por los partidos políticos en sus planes de gobierno, porque uno de los retos, quizá el más importante, que debe asumir el nuevo gobierno será encarar el flagelo de la violencia.
El estudio, que es eminentemente financiero, según explicó Balsells, tiene en estos momentos de crisis que vive el país una connotación muy importante, toda vez que en el mismo se calcula cuánto pierde el país cada vez que un guatemalteco es asesinado, incluyendo los costos intangibles que deja el trauma psicológico al resto de su familia.
Los primeros costos, los más inmediatos, tienen que ver con la atención médica, aunque vale la pena resaltar que es más barato para el Estado una persona asesinada que un herido, éste último va a demandar cuidados especiales. El estudio mide, en ambos casos, la pérdida de producción por muerte o lesiones en un lapso de 25 y 30 años, que corresponde a la edad en que oscilan las víctimas.
64 mil dólares el costo de una vida humana
Las vidas humanas son invaluables, aclaró el experto, pero en este estudio financiero se estableció que su costo en Guatemala es de 64 mil dólares, tomando como base el salario mínimo, Q1,500 aproximadamente, por 25 años de vida saludable y el PIB per cápita 2005, que es de Q19,200.
Para calcular los costos institucionales, por ejemplo, explicó que del presupuesto del Organismo Judicial, solo se tomó en cuenta la asignación a los juzgados penales, el presupuesto de la Policía Nacional Civil (PNC) y de los centros penales, cuyo gasto fue incrementado ostensiblemente el año pasado.
Elevado gasto en seguridad privada
Uno de los hallazgos más importantes, afirma, es el elevado rubro en gastos de seguridad privada. «Hicimos un cálculo de más de 120 mil policías privados. Las colonias residenciales tienen sofisticadas alarmas, muros más altos, talanqueras, incluso los barrios populares han adoptado sus propios sistemas de seguridad, que tienen que pagar».
El estudio demuestra que el Estado y la sociedad guatemalteca no pueden continuar desviando importantes flujos de recursos para financiar los costos de la violencia que está estimulando una serie de actividades económicas a su alrededor, las más beneficiadas en opinión de Balselss, las empresas de seguridad privada que estima son los grandes negocios del momento».
En la medida que los guatemaltecos continuemos escuchando sobre «el Estado fallido», habrá estímulo para estas actividades económicas, blindaje de automóviles, importación de armas, etcétera. En términos de la magnitud del PIB, la economía guatemalteca se está tornando violenta y eso nutre a los poderes ocultos, agregó.
El contrabando, el robo de furgones a lo largo y ancho del territorio nacional, el robo de pipas, entre otras actividades del crimen organizado, por ejemplo, contribuyen a que en el país no haya competencia sana entre el empresariado, en detrimento de la inversión que lejos de fomentarla la contrae.