Analistas, politólogos y ciudadanos llanos han señalado que nos encontramos al borde de un Estado fallido porque el sistema simplemente no funciona, para decirlo con palabras sencillas. Es cierto. Desde los tres organismos estatales hasta las corporaciones edilicias, pasando por la ineficacia de los partidos polí­ticos y el Tribunal Supremo Electoral, para citar pocos ejemplos, y de ahí­ que se ha insinuado la necesidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, para que promulgue una nueva Constitución Polí­tica o modificar artí­culos que impiden la trasparencia en la administración pública.

En el hipotético caso de que se decida reformar o formular una nueva ley fundamental, surgen preguntas referentes a qué institución u organismo corresponde plantear la convocatoria, cuáles artí­culos deben reformarse si es que no es la intención de sustituir toda la Constitución, y quiénes tendrán derecho a postular candidatos para integrar la ANC. ¿Los mismos partidos polí­ticos porque son los únicos facultados para ello? De ser así­ mejor quedarnos como estamos y no realizar un adulterado proceso electoral, similar aunque no idéntico al actualmente inconcluso.
Lo importante es lograr la participación de ciudadanos/as que, en realidad, estén dispuestos a que se realicen cambios sustantivos en toda la legislación nacional, algo así­ como una aproximación a la refundación del Estado, que consistirí­a, para decirlo con simpleza, en la creación de un nuevo orden de vida colectiva, o pacto social, con la aspiración de que la sociedad guatemalteca se comprometa a alcanzar un sistema democrático real –no solo formal– a fin de que se establezcan instituciones que garanticen los derechos y deberes de los habitantes, sin privilegios ni exclusiones.
 Si se pretende la reforma constitucional por medio de la elección de constituyentes con candidaturas apoyadas por los partidos polí­ticos, el esfuerzo resultarí­a vano porque los aspirantes a integrar la eventual ANC serí­an los propietarios, dirigentes y caciques de los actuales colectivos polí­ticos, que volverí­an a ser financiados por los verdaderos dueños del paí­s, es decir, los miembros de la plutocracia, que impondrí­an condiciones a sus lacayos para que no se modifiquen artí­culos de la ley matriz y normas de leyes de rango constitucional y ordinarias que sustentan el actual statu quo, de modo que serí­a improbable que, verbi gratia, se reforme la legislación relativa a la recaudación fiscal.
Corresponde a peritos en la materia, es decir, a especialistas en Derecho Constitucional de pensamiento de avanzada proponer opciones que permitan la participación masiva, directa y consistente de ciudadanos/as que no estén convenidos con los partidos polí­tico ni con sus financistas, a fin de que alcanzar una democracia representativa y participativa, que permita la reforma de todo el actual sistema que nos está conduciendo a la debacle.
 (Según definición leí­da por el elector Romualdo Tishudo, candidato es la persona que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres para proteger a los primeros de los otros).