Durante los años que tengo de escuchar a diferentes personas comentar y analizar sobre la problemática de nuestro paí­s e inclusive hacer marcos comparativos con otras sociedades y naciones, siempre surge la teorí­a antigua de los griegos (la polis) mejorada a nivel de implementación por los romanos y su imperio, sobre las obligaciones del ciudadano y las múltiples razones, todas justificadas, para dejar de pensar en lo individual, y lograr hacer incidencia sobre la colectividad.

La teorí­a del buen ciudadano permite entender en nuestra época actual que con sólo el cumplimiento de la ley, el reconocimiento de la autoridad y la contribución financiera al Estado (con el pago de impuestos) no es suficiente para alcanzar un bien común o un desarrollo integral de la sociedad.  Por ello, ante la ausencia se reconoce la importancia de contar con múltiples acciones y personas que por razones diversas y circunstancias particulares pueden contribuir con causas sociales, deportivas, académicas, culturales, polí­ticas y de toda í­ndole.  Los artistas que apoyan a los más jóvenes; las organizaciones caritativas que en solidaridad promueven causas a favor de los más necesitados; los académicos cientí­ficos e investigadores, que enfocan su vida en descubrir nuevas soluciones a los distintos problemas y conflictos del ser humano, y en fin, se pueden encontrar personas con caracterí­sticas filantrópicas o dedicadas a contribuir con su sociedad y con su paí­s.  Dentro de este gran grupo de personas, también la teorí­a señala al servidor público y al polí­tico.  Desafortunadamente para Guatemala, y en algunas otras latitudes del mundo, ninguno de estos dos actores han cumplido con esa expectativa, siendo el primero muchas veces señalado de actos de corrupción y de ineficiencia (justificadamente a veces), y por ende que con su actitud contribuyen al subdesarrollo de los paí­ses; y al segundo, al polí­tico, se le sindica de una poca capacidad técnica y por ello, no sólo imposibilitado de pensar en función de alcanzar ese desarrollo integral, sino encima se le acusa de anteponer intereses personales por sobre los del paí­s. 

Lo que quizá muchos no comprenden es que no es posible lograr ese desarrollo integral, ni mucho menos trazar una ruta clara que nos lleve a dicha meta, sin la participación de buenos servidores públicos y polí­ticos, y que al momento de generalizarlos negativamente, contribuyen al debilitamiento de una estructura del Estado, cuando en realidad lo que debemos promover es su formación técnica, el establecimiento de una carrera administrativa de servicio público, así­ como exigir el castigo para aquellos que abusen de sus cargos.   El buen ciudadano entonces, al promover positivamente estos valores en agentes clave dentro del Estado, no sólo se convierte en el gran garante de tener un buen servicio público, también alcanza un sistema polí­tico efectivo, y se incentiva además en participar en ambas áreas, creando un ciclo positivo que se rompe solamente con excepciones castigadas con todo el rigor de la ley, y moralmente por la propia sociedad. Ejemplos como estos hay muchos, Japón, Suecia y en América hacen su esfuerzo paí­ses como Chile y México. 

Como docente universitario y profesional del derecho considero indispensable promover estas acciones por diversas fuentes, por lo que agradezco al Consejo de Administración y a la Dirección del Diario La Hora, por la invitación a escribir en este prestigioso medio de comunicación, esperando aportar a mi paí­s, desde este espacio, con toda seriedad y profesionalismo, como todo buen ciudadano.