Una estudiante de medicina es asesinada en un intento de robo al salir de un hospital. Un grupo abre fuego en otro hospital al enterarse de que la persona que buscaban había muerto. Los médicos que terminan sus turnos tarde pasan la noche en el hospital porque no se animan a salir a la calle. Los centros de salud eran uno de los pocos lugares donde no llegaba la violencia que estremece a la sociedad venezolana, pero una serie de incidentes recientes indica que ya ni los hospitales se libran de ese flagelo.
El asesinato de una joven estudiante de medicina en la ciudad centro costera de Valencia y la balacera que se registró el día previo en el hospital capitalino Domingo Luciani causaron conmoción y pusieron sobre el tapete la ola de violencia que sacude al país.
«Esta ya es la gota que derramó el vaso», dijo indignado el médico anestesiólogo Eduardo Morillo al expresar su pesar por el asesinato de la estudiante de medicina Elialberth Uzcátegui, de 24 años, quien pereció el 21 de agosto tras ser herida de bala por unos maleantes que intentaron asaltarla cuando salía de su guardia nocturna.
Morillo, de 30 años, dijo a The Associated Press que aunque el problema de la criminalidad «se vive en todas las partes del país, yo no había visto tanta inseguridad como ahorita».
El médico dijo que él y muchos de sus colegas de otros hospitales del país han tenido que reducir el uso de efectivo, no llevar el carro a su sitio de trabajo y pernoctar hasta el amanecer en los hospitales luego de finalizar sus guardias nocturnas para evitar ser víctimas de delincuentes.
«Tienes que llegar acá (al hospital) a encerrarte, y salir en la mañana cuando haya más personas en la vía porque si estás solo te roban», comentó Morillo, quien labora desde hace dos años en el hospital universitario íngel Larralde de Valencia donde fue asesinada Uzcátegui.
El día previo a la matanza de Uzcátegui, en la sala de emergencia del Domingo Luciani se vivieron momentos de gran angustia cuando un grupo de personas, que buscaba a un joven herido de bala, ingresó por la fuerza al lugar.
Al enterarse de que la persona que buscaban había fallecido, se tornaron más violentos y comenzaron a hacer disparos. Aunque no hirieron a nadie, causaron gran conmoción y destrozos en las áreas de emergencia. La Guardia Nacional debió ingresar al centro para detener al grupo y restablecer el orden.
«Era como si fuera (la cárcel) El Rodeo. Muchas balas iban y venían», dijo el enfermero del área de pediatría Eduardo Vargas. «Mi primera reacción junto a los pediatras fue resguardar la vida de los niños… Los retiramos hacia una área de aislamiento, y nosotros nos resguardamos en un depósito y nos tiramos al suelo. Fue como unos 20 minutos escuchando fuego», comentó Vargas a la AP.
El enfermero, de 39 años, precisó que algunas de las balas quedaron incrustadas en las camas de la emergencia y partieron ventanas.
Ambos incidentes desencadenaron en la tercera semana de agosto protestas callejeras de varios centenares de personas en la capital y en Valencia, que es la tercera mayor ciudad del país.
«No queremos balas, queremos salvar vidas», decía una pancarta que fue exhibida en medio de una protesta en un hospital del este de la capital.
Varios centenares de empleados del Domingo Luciani se declararon por algunos días en «protesta activa» y limitaron los servicios de consulta para exigir mayor seguridad y la «militarización de las áreas externas» del hospital, dijo el médico Jesús Peña, vocero de los galenos del Domingo Luciani.
En respuesta a los reclamos de los trabajadores de la salud las autoridades ampliaron recientemente la seguridad en algunos centros como el Domingo Luciani, uno de los hospitales más grandes del país, donde tras la balacera se instaló un puesto de vigilancia en la entrada del sanatorio, con media docena de funcionarios civiles y milicias que revisan los vehículos que ingresan y pasan por detectores de metales a los visitantes.
El vicepresidente Elías Jaua y la ministra de salud Eugenia Sader anunciaron a mediados del mes pasado en un encuentro con un grupo de médicos públicos que el gobierno daría custodia las 24 horas del día a todos los hospitales y que la vigilancia estaría a cargo de la policía o la Guardia Nacional, según indicó a la AP Carlos Marín, ex miembro de un comité de los galenos. La medida hasta el momento no se ha cumplido.
Briceño expresó recientemente que el auge delictivo en el país está asociado a la falta de una «política de control» del delito, el «quiebre institucional sostenido» y el «aumento de la impunidad».
De acuerdo a cifras de la OVV entre 1998 y el 2010 la tasa de homicidios en Venezuela se más que duplicó y pasó de 19 a 57 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según estimaciones de la OVV este año se podría cerrar con una cifra récord de 19.000 homicidios lo que llevaría la tasa a 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
International Crisis Group, una organización independiente de Bruselas enfocada en la prevención de conflictos, dice que la violencia «compromete seriamente la estabilidad de Venezuela a mediano y largo plazo».
Agrega que el público no confía en las autoridades y que el gobierno de Chávez «parece incapaz, o no está dispuesto, a resguardar a los militares y las instituciones policiales de la influencia de los delincuentes y de la corrupción, a combatir la delincuencia y proteger a la población».
Señala que bajo el gobierno de Chávez se centralizó el poder y de debilitó las instituciones policiales. «El resultado obvio ha sido corrupción, impunidad e ineficiencia», expresó.
Destacó que el propio ministro de justicia dijo en el 2009 que la policía estaba involucrada en el 15% o 20% de los delitos cometidos.
Casi 24 horas después de la muerte de la estudiante, el médico Morillo fue sometido por un maleante armado que ingresó a un quirófano, en medio de una operación, para matar a un hombre que había sido herido de bala en un enfrentamiento.
El anestesiólogo relató que gracias a la mediación de un vigilante logró distraer por unos instantes al delincuente mientras sus otros compañeros, que participaban en la operación, se escondieron en los vestidores y sacaron a hurtadillas del quirófano al paciente perseguido para evitar que lo asesinaran. Morillo precisó que el pistolero, al no encontrar al hombre herido, huyó por las escaleras del hospital.
Ante las recurrentes agresiones que realizaron delincuentes heridos de bala a algunos médicos del hospital capitalino José María Vargas, los trabajadores de ese centro tomaron en el 2009 la decisión extrema de cerrar el servicio de emergencia a partir de las siete de la tarde.
Marín, ex presidente de la sociedad de residentes del Vargas, expresó que la medida «redujo la violencia» en el centro hospitalario.
Aunque las autoridades no ha revelado cifras sobre la situación de violencia en los centros de salud, Roberto Briceño, director de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), admitió que hoy en día se enfrenta un «proceso de expansión» de la delincuencia en todos los hospitales del país.
«Esos hechos que ocurrían en algunos hospitales ubicados en zonas críticas ya se han generalizado y se han generalizado igualmente a los hospitales del interior del país», dijo Briceño a la AP.
El presidente Hugo Chávez respondió a las críticas sobre la gestión de su gobierno en materia de seguridad acusando a la oposición de promover una campaña para llenar de «terror» y «odio» a la población, e insistió en que su gobierno está combatiendo la delincuencia.
«Claro que hay una situación de inseguridad y no solo en Venezuela, no sólo en Caracas. Vayan a México», afirmó Chávez el pasado 2 de septiembre. «Lamentablemente (la violencia) es un fenómeno, en Estados Unidos, en Europa».
Asimismo, Chávez instó a sus seguidores, a la policía, a la «Guardia del Pueblo» y a la fuerza armada a intensificar la vigilancia en las vías y hacer «inteligencia social».
Venezuela cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes, cifra que es más de dos veces superior a la México, y casi se equipara con las de Honduras y El Salvador, que son considerados los países más violentos de la región.
Para hacer frente al alto índice delictivo el gobierno prohibió recientemente el porte de armas en el transporte público y los terminales de pasajeros.
Una encuesta que realizó la OVV entre mayo y junio pasado reveló que uno de cada cinco venezolanos siente necesidad de armarse para combatir la delincuencia.
El estudio, que se hizo entre 1.000 hogares y tiene un error muestral de 5%, evidenció que 45% de la población está de acuerdo con los asesinatos extrajudiciales por parte de la policía para contener a los delincuentes, y 91% estimó que los policías están involucrados en los delitos.
Briceño expresó recientemente que el auge delictivo en el país está asociado a la falta de una «política de control» del delito, el «quiebre institucional sostenido» y el «aumento de la impunidad».
De acuerdo a cifras de la OVV entre 1998 y el 2010 la tasa de homicidios en Venezuela se más que duplicó y pasó de 19 a 57 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según estimaciones de la OVV este año se podría cerrar con una cifra récord de 19.000 homicidios lo que llevaría la tasa a 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes.