Las instancias que conforman el sector justicia ya hicieron un estimado de gastos para el próximo año y enviaron al Ministerio de Finanzas los anteproyectos individuales del presupuesto: las mismas entidades cuya economí­a pende de un delgado hilo, debido a la crisis financiera del Estado, aumentarán sus gastos durante 2012 de acuerdo con lo previsto, pero ¿podrá el Estado cubrir esas necesidades para el próximo año?

Este año, la crisis financiera golpeó lateralmente a las instituciones de justicia del paí­s, como el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Ministerio Público (MP) y el propio Organismo Judicial (OJ). Todas estas instancias dicen subsistir entre la escasez y los recortes presupuestarios.

El OJ, por ejemplo, padece actualmente un déficit que supera los Q350 millones, el MP informó que necesita Q100 millones para poder concluir el año, mientras que el IDPP ha tenido que implementar un “plan B” en cuanto a las planillas de abogados que ahí­ prestan sus servicios profesionales.

Las necesidades financieras de las principales entidades de justicia varí­an; por ejemplo, el OJ ha informado que requerirí­a un promedio de Q1 mil 800 millones –700 millones más que el año pasado–. El Instituto de la Defensa Pública elevó su presupuesto a Q478 millones, mientras que el Ministerio Público (MP) aumentarí­a a Q1 mil 482 millones sus gastos de funcionamiento para2012.

En suma, las tres instituciones requerirí­an de Q3,760,000.

En mayo último, los representantes de las instituciones que imparten justicia en el paí­s acudieron ante los jefes de bloque en el Congreso de la República para solicitar la aprobación de Q320 millones para no realizar recortes y caer en crisis, pero su esfuerzo no tuvo ningún efecto.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de enero a septiembre se registró un total de 3 mil 531 muertes violentas, de las cuales 3 mil 254 fueron producidas por arma de fuego y 277 por arma blanca.

No obstante, en las estadí­sticas de años anteriores, en los cuales no se ha reportado ningún incremento presupuestario de las entidades a cargo  de la justicia en Guatemala, los datos no son muy alentadores. Por ejemplo en 2010 el Inacif reportó un total de 5 mil 548 crí­menes contra la vida, de los cuales 5 mil 107 fueron provocados por arma de fuego y 441 por arma blanca.

En 2009 se registraron 5 mil 974 muertes, de las que 5 mil 536 fueron producidas por armas de fuego y 438 por arma blanca.  En una lógica simple, estas estadí­sticas deberí­an ser una razón suficiente para que las entidades de justicia recibieran más presupuesto, tanto para combatir la criminalidad vigente como para prevenirla, pero además para hacer frente a la impunidad, que en estos casos alcanza más del 95 por ciento.

A la fecha, las instituciones en mención han declarado una y otra vez que la situación económica del sistema de justicia es precaria y que el riesgo de suspender los servicios de estas instancias es latente. ¿Cuál es el panorama para el próximo año a juzgar por lo acontecido durante el primer semestre de este año?

MUCHO MíS

Luis Arturo Archila, presidente del OJ y la Corte Suprema de Justicia, explicó que aún no han concluido el anteproyecto financiero pero hasta ahora se estima un aproximado de entre Q1 mil 700 a Q1 mil 800 millones.

“Este año nos tuvimos que adaptar a lo que nos dieron y le tuvimos que bajar a Q 1 mil 100 millones, pero el presupuesto real de ejecución llega a los Q 1 mil 800 millones; aunque no lo hemos concluido, cálculo que en unas semanas ya tendremos la cifra exacta”, expuso el presidente del OJ.

Archila señaló además que, hasta ahora, el anteproyecto financiero estima gastos sólo de ejecución como: “rubros ordinarios de salarios e insumos y algunas obras preestablecidas en el plan anual”; sin embargo, insiste en que podrí­a variar en la medida que vayan analizando las necesidades de gastos para el próximo año.

“En el proyecto que presentaremos se contemplará además el presupuesto que implique el gasto de los tribunales y juzgados que hemos creado, más lo estimado para la creación de un juzgado de extinción de dominio, lo que hace que el presupuesto para el próximo año sea más cargado”, enfatizó Archila.

El presidente del OJ dijo además que espera que el Ministerio de Finanzas cubra el techo presupuestario que tiene pendiente en esa instancia  y que sigue esperando los ajustes para no tener que implementar planes de emergencia en los próximos meses de este año.

CUíDRUPLE

Blanca Aí­da Stalling, directora del IDPP, indicó que el anteproyecto de presupuesto de la instancia que preside  ya ha sido concluido y presentado ante el Ministerio de Finanzas, no obstante, parece no ver un panorama favorable para esa entidad.

“Recibimos un oficio en el que se indica que nuestro techo presupuestario es de Q 104 millones, y que sobre eso tendrí­amos que hacer una proyección de nuestro plan operativo y presupuestario para el próximo año, pero contamos con la dificultad que el Congreso aprobó dos reformas con las que se ha aumentado el número de audiencias de manera insólita”, explica en primer punto Stalling.

La directora del IDPP señala que al aumento de las audiencias se suma el hecho que se triplicara el número de Tribunales de sentencia, los cuales se convirtieron (con las reformas) en juzgados unipersonales, lo que suma 126 juzgados en total.

“Hasta ahora no se ha implementado, aunque ya está vigente, la ampliación de la competencia de los 333 juzgados de paz, entonces en el marco de las reformas del Congreso, para poder nosotros trabajar y cumplirlas tenemos que cuadriplicar el número de nuestros abogados”, señala la directora del IDPP

Stalling añade que el anteproyecto suma Q478 millones para el IDPP: “eso es lo que necesitarí­amos para poder prestar los servicios de manera eficaz y cumpliendo con las reformas, la ampliación de las competencias de los juzgados de paz y la cobertura a los juzgados de sentencia y los tribunales que ahora son unipersonales, además de la gestión por audiencias que también contemplan las reformas”, dice.

La entrevistada advierte que si el IDPP no recibe esa cantidad “es materialmente imposible cumplir con las reformas y mucho menos que se vayan a poder implementar en coordinación interinstitucional en todo el sector justicia”, expuso.

MP PIDE MíS

La oficina de comunicación del MP detalló que el anteproyecto de presupuesto remitido al Ministerio de Finanzas para 2012 totaliza Q 1 mil 482 millones, el cual representa un aumento considerable en comparación con el de este año.

En los dos últimos años, el ente encargado de la persecución penal tuvo una asignación presupuestaria similar: en 2010 le fueron asignados Q 611.5 millones, mientras que para este año se le asignó un total de Q 613.5 millones.

Además, Claudia Paz y Paz, titular de esa entidad, explicó recientemente que sólo para concluir el año requerirí­a un aproximado de Q 100 millones.

Las recientes reformas al Código Procesal Penal incluyen nuevas funciones para el MP, entre ellas, los fiscales tendrán la potestad de decidir si un proceso debe o no ser sobreseí­do. Esto implica que esa entidad deberá contar con más y mejor personal, lo que generarí­a también un mayor gasto en capacitación y mayor contratación de fiscales para el próximo año.

Además, las investigaciones cada vez son más complejas y se necesitan más equipos de trabajo para que los procesos lleguen a conclusiones más certeras en tiempo récord.

Un ejemplo claro de lo anterior es el equipo de investigadores que participó junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para resolver el caso del asesinato de Rodrigo Rosenberg, el cual se conformó con 25 investigadores de esa entidad, 11 funcionarios del MP y 300 colaboradores entre policí­as y personal del Ministerio de Gobernación.

CALIDAD DE GASTO

“Indudablemente en las instituciones de justicia sí­ hay una gran necesidad de contar con más recursos para poder hacer inversión y que estas instituciones puedan crecer en cobertura para poder tener alcance para sectores más amplios de la población”, opinó Mónica Leonardo, Analista en temas jurí­dicos y judiciales.

No obstante, la entrevistada subrayó que ante el incremento presupuestario, la exigencia social y la fiscalización deben encaminarse hacia la calidad del gasto.

“El énfasis en la cantidad de dinero que se les asigne deberí­a ir también de la mano con un énfasis en la calidad de ese gasto, verificar que no haya un gasto innecesario en rubros que no aportan a ese objetivo primordial que es la existencia de acceso a justicia para todos”, citó.

Leonardo opinó sobre el anteproyecto presupuestario del OJ, indicando que es necesario que esa entidad invierta lo necesario para erradicar o disminuir el congestionamiento “grave” en los procesos, sobre todo en materias civil y penal, además apuntó que hay necesidad de hacer una reingenierí­a del Sistema de Gestión Penal y de ahondar en el uso del sistema de Gestión de Tribunales, invertir en infraestructura y abrir nuevos juzgados.

La entrevistada reiteró la necesidad de fiscalización de los órganos de justicia para controlar la calidad del gasto y procurar que la inversión sea adecuada y equitativa.

REFORMAS

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), opinó que los tres anteproyectos arriba citados reflejan una realidad y apuntó que de no atenderse estas propuestas se corre el “grave riesgo” de que el sistema de justicia colapse el próximo año.

 â€œCreo que los presupuestos que están solicitando las entidades de justicia son una realidad porque los órganos de justicia no han tenido el apoyo económico suficiente para funcionar como se debe”, opinó el entrevistado por el IECCP.

Samayoa explicó que en el estado actual de la justicia, las reformas aprobadas a través de los dos decretos más recientes, son importantes ya que permiten avanzar hacia la oralización  de procesos y mayor rapidez en la resolución de casos, lo cual quiere “obviamente” un acomodamiento y mayores recursos de las instituciones para responder con efectividad.

“El decreto 7-2011 en uno de sus artí­culos transitorios detalla que el procedimiento de delitos menores no se va  aplicar desde ya porque estas entidades deben de buscar su adecuación económica y administrativa para tramitarlos, así­ que es evidente y consecuente que se pida un incremento”, expuso el analista.

El experto dijo además que se debe crear una mayor exigencia a los diputados ya que sí­ aprobaron las reformas pero no piensan dotar de recursos a quienes tienen que ejecutar ese mandato, “es como darles pan pero sin agua”, citó.

Para Samayoa, si no se aprueba un presupuesto adecuado para las instancias de justicia del paí­s, lo que ocurrirá es: “un colapso del sistema de justicia”, además de una situación de inefectividad en materia de poder administrar y gestionar adecuadamente los recursos, lo que provocará que “finalmente la ví­ctima sea la más perjudicada”.