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Jorge Noguera, detenido en 2007 y liberado ese mismo año por fallas técnicas en su proceso, fue recapturado en 2008 por disposición de la Fiscalí­a General, que lo investigó por su conexión con el asesinato de sindicalistas a manos de paramilitares.

El ex funcionario, quien ha negado los cargos, fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado, es decir, la asociación de varias personas para cometer un número indeterminado de crí­menes, y por la destrucción y ocultamiento de documentos públicos. También fue condenado a pagar una multa de 6.510 salarios mí­nimos, agregó la Corte en un comunicado divulgado por correo electrónico. Esa multa es equivalente a 1,9 millón de dólares.

Además deberá pagar otros 300 salarios mí­nimos, equivalentes a unos 89.000 dólares, a los parientes de un profesor asesinado a manos de paramilitares.

Noguera dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policí­a secreta colombiana, desde 2002 hasta octubre de 2005, cuando renunció en medio de denuncias de que los paramilitares habí­an infiltrado ese cuerpo policial.

Entre los casos por los cuales Noguera fue investigado estaba el asesinato del profesor universitario Alfredo Correa De Andreis, baleado por sicarios en septiembre de 2004 en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. El profesor investigaba el desplazamiento forzado de campesinos en la zona caribeña a manos de paramilitares.

De acuerdo con documentos encontrados en una computadora de un paramilitar y testimonios de ex funcionarios del DAS, Noguera entregó a esas bandas los nombres de sindicalistas y activistas, entre ellos el de Correa De Andreis, que más tarde fueron asesinados.

La Corte, sin embargo, absolvió a Noguera de los cargos de homicidio agravado por el crimen de la periodista Zully Codina Pérez y del polí­tico liberal Fernando Pisciotti Vanstrhalen, ambos asesinados por pistoleros en noviembre y diciembre de 2003, respectivamente, en localidades del norte colombiano.

La condena contra Noguera, quien permanece en la prisión de La Picota al sur de Bogotá, fue la mayor impuesta hasta ahora a un alto funcionario del gobierno del ex presidente ílvaro Uribe (2002-2010). Noguera dirigió en la zona caribeña colombiana la exitosa primera campaña electoral de Uribe en 2002.

Tanto el abogado de Noguera, José Fernando Mestre, como Alirio Uribe, representante legal de las ví­ctimas a nombre del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», dijeron que comentarán el caso sólo cuando conozcan el texto completo de la sentencia.

En su cuenta de Twitter, el ex presidente Uribe dijo que designó al cargo a Noguera «por su hoja de vida y su familia».

«He confiado en él, si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadaní­a», agregó el ex mandatario, quien tras la salida de Noguera del cargo lo designó como funcionario diplomático en Milán.

En tanto, el representante a la Cámara Iván Cepeda, del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, expresó su satisfacción y resaltó que era «muy diciente que el ex presidente ílvaro Uribe haya defendido con tanto ahí­nco a este funcionario».

La condena «muestra que no se trataba de ningún funcionario probo y honesto, como lo defendió el ex presidente Uribe, sino de ni más ni menos que de un hombre perteneciente a las estructuras del paramilitarismo», agregó Cepeda en diálogo telefónico con AP.

Para Fernando Londoño, ministro del Interior (2002-2003) durante el gobierno de Uribe, la condena contra Noguera «es una injusticia manifiesta».

En su concepto, el otrora ex director de la policí­a secreta «fue condenado con las declaraciones de los paramilitares y de Rafael Garcí­a (ex funcionario del DAS), que se volvieron como una verdad revelada».

Con la condena contra Noguera, advirtió Londoño en entrevista telefónica, «van por el presidente Uribe… porque el DAS no depende de ningún ministerio sino directamente de la presidencia de la república».

Contra Uribe aún no hay ninguna averiguación formal penal.