Las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura (CONEC) han expresado su preocupación por el posible recorte presupuestario al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ya que esto pondría en riesgo su continuidad, se conoció aquí.
En un comunicado de prensa, la entidad hizo un llamado a las diferentes bancadas del Congreso de la República, para que en la asignación presupuestaria para el 2012 sea ampliada para la cartera de salud, pues de lo contrario se aplicarían recortes en programas importantes, entre ellos el de Extensión de Cobertura.
Según la información, la entidad reconoce los esfuerzos que a la fecha el MSPAS ha realizado para cumplir con los compromisos adquiridos con las organizaciones que brindan servicios básicos de salud, como la CONEC, a pesar de los problemas financieros que atraviesa.
De acuerdo con la entidad, de no aprobarse un presupuesto mayor para la cartera de salud se correría el riesgo de dejar desprotegidas a más de un millón de mujeres en edad fértil, 140 mil embarazadas, 712 mil niños y niñas menores de cinco años y 920 mil familias, quienes son atendidos y atendidas por el Programa de Extensión.
Actualmente, el MSPAS tiene un déficit presupuestario de 500 millones de quetzales para poder cumplir con los compromisos adquiridos y evitar el colapso en los diferentes niveles de atención, entre ellos hospitales, centros de salud y puestos.
La Coordinadora Nacional hizo también un llamado urgente para la aprobación de los préstamos y ampliaciones necesarias al Ministerio de Salud, ya que sólo de esta manera podrá seguir prestando los servicios a la población guatemalteca.
La CONEC representa a las organizaciones no lucrativas que han suscrito convenios con el MSPAS para la prestación de servicios básicos de salud en más de ocho mil 596 comunidades postergadas de 198 municipios, brindando servicios preventivos a más de 778 mil 888 familias y 4.6 millones de habitantes en 26 áreas de salud.
Entre las finalidades de la entidad está abogar por el derecho a la salud de grupos prioritarios que residen en las comunidades más postergadas del país, abogar, incidir e implementar acciones para aumentar la sostenibilidad técnica y financiera del programa y de sus asociados.