Por medio de un comunicado de prensa, la coalición oficialista UNE-Gana, señala a diversos sectores de la población de realizar presiones sobre los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que resolvieran en contra de su demanda. Los acusados rechazan tales declaraciones.

Según el documento el retiro de la demanda en contra del Estado se debió a que la CCJ “fue sujeta de presiones polí­ticas de diferentes sectores interesados en que no se conociera nuestra demanda”.

Los oficialistas expresan que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia “oficiosamente, trataron de incidir en la resolución de la CCJ advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas en la gobernabilidad del paí­s, y sobre un eventual rechazo a acatar la sentencia de la CCJ si ésta favorecí­a la inscripción de Sandra Torres”.

Ante ello, Cesar Barrientos, magistrado de la corte guatemalteca señala que “la CCJ es un órgano que tiene competencia establecida y delimitada, por lo tanto ellos mismos saben y pueden determinar cuál es su capacidad de conocimiento, los alcances y limitaciones que tienen”.

“Yo, en lo personal, –continúa Barrientos–, no hablo ni con magistrados de esa o de ninguna otra, no con jueces, para casos que tienen bajo su conocimiento, no puedo hablar por todos los magistrados de la Corte, pero supongo, me parece, creo, considero que ese tipo de comunicación no se dio o no se debe dar”, afirma.

“Sí“LO DEFENDIMOS EL ESTADO DE DERECHO”
También el sector económico organizado fue señalado de interferir en el proceso, pues la coalición estima que “ha tenido un interés polí­tico para que se negara la inscripción de Sandra Torres, a tal extremo de descalificar la competencia de este órgano regional  y amenazar con hacer presión para que Guatemala denunciara la integración de la CCJ a través del comunicado de prensa emitido”.

Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, responde indicando que efectivamente se hicieron pronunciamientos, pero estos en aras de defender el Estado de Derecho y la institucionalidad.

“El sector privado se estuvo pronunciando en el sentido de que el fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala era el que se tení­a que respetar, cuando se analizaron las facultades  y la competencia de la CCJ, el análisis reflejó que no tiene competencia para estar conociendo casos de posibles candidaturas”, afirmó.

SALIDA FAVORABLE
“El Partido Patriota generó acciones de presión e incluso envió a delegados de dicha organización a hacer un cabildeo polí­tico a Nicaragua para presionar a los magistrados de la CCJ para que no conocieran la demanda”, continúa denunciando el comunicado.

Por lo que el jefe de campaña del PP, Mauricio López Bonilla, señala que fue lo contrario, que funcionarios de Gobierno y el propio partido oficial enviaron a personeros para cabildear y obtener una resolución favorable, además, estima que “como sabí­an que no se les podí­a favorecer buscaron una salida favorable a doña Sandra”.

El Procurador General de la Nación, Guillermo Porras, también fue mencionado, pues se dijo que se manejó “contradiciéndose a lo expresado ante la Corte Suprema de Justicia, pero principalmente plegándose a los intereses del sector económico y del Partido Patriota, presentó una argumentación espuria y complaciente con dichos sectores”.

Comunicación de la Procuradurí­a dijo que sólo él podrí­a responder estos señalamientos, pero no fue posible localizarlo. “Así­ mismo, algunos medios de comunicación social sistemáticamente trataron de deslegitimar la competencia de la CCJ evidenciando claramente su intención de favorecer  al Partido Patriota en el actual proceso electoral”, señalan además.