El Congreso de la República se encuentra en la expectativa por la aprobación de la Ley Antievasión II y los préstamos en estas últimas dos sesiones antes del proceso electoral.

Pese a que la bancada oficial ha sido muy puntual al insistir en la necesidad de la aprobación de la Ley Antievasión II, esta puede sufrir un revés con el tema de la restitución al tabaco.

Aunque la ley no contemplaba aumento a los impuestos, uno de los grandes conflictos ha sido si restituir o no el impuesto a las empresas tabacaleras para que este sea dirigido a las entidades de salud.

Los grandes argumentos han sido que Guatemala es parte de un convenio marco el cual establece el incremento de tributos y precios al tabaco como un elemento fundamental de la lucha contra la epidemia del tabaquismo.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha hecho un llamado a los organismos del Estado a dar cumplimiento con este Convenio Marco que establece que las partes signatarias implementarán  polí­ticas tributarias relacionadas con los precios para contribuir al logro de los objetivos de salud tendientes a reducir el consumo de tabaco.
La propuesta hecha por la sociedad civil recomienda fijar un impuesto de 0.69 centavos de quetzal por gramo de tabaco, lo que incrementarí­a la recaudación en un 83% y disminuirí­a el consumo de tabaco en un 25%.
 
Esta iniciativa ha pasado las primeras dos lecturas sin ningún problema y es de los proyectos de ley que no ha tenido mayor implicación para ser aprobada, sin  embargo, la discusión final se hará en su tercera lectura programada para la sesión de este lunes.

De no sesionar los diputados, de inmediato se trasladará la discusión al siguiente dí­a convocado que es el martes 6 de septiembre, pese a ello, existen grandes posibilidades que los parlamentarios no avancen en la agenda debido a las actividades electorales que se han incrementado en los últimos dí­as.

Otro de los decretos que está a punto de aprobarse, es el que da viabilidad a los préstamos de $250 y $265 millones para los sectores de Salud y Educación, en donde la discusión se centrará en poner los candados necesarios para evitar transferencias y respetar el destino de estos fondos.