“Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Artí­culo 3. Declaración Universal de Derechos Humanos.

En dí­as recientes 90 familias residentes en la comunidad Nueva Esperanza, ubicada en el parque nacional de la Sierra del Lacandón, La Libertad, Petén, fueron desalojadas mediante orden judicial y sus viviendas incendiadas por miembros del Ejército Nacional. Alrededor de 200 campesinos entre niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres adultos, huyeron horrorizados por la represión y buscaron refugio en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco, en la República de México, donde actualmente se encuentran refugiados.

Esta nueva acción de desalojo en contra de la población campesina, es un hecho deplorable que hace recordar la época violenta del conflicto armado, durante el cual fueron expulsados del paí­s más de 100,000 compatriotas. En aquella época, el Estado y su aparato represivo justificaron las acciones en contra de la población, argumentando que estas estaban al servicio de los grupos insurgentes, es decir, la población civil fue ví­ctima de la práctica contrainsurgente y el Estado expulsor responsable de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Esa historia repleta de perversidad y drama humano, se vuelve a repetir ahora que estas familias fueron desalojadas y muchas de ellas obligadas a huir hacia otro paí­s, buscando garantí­as y seguridad a su vida e integridad.

Esta vez, el Estado guatemalteco argumenta que las familias desalojadas estaban sirviendo a los intereses del narcotráfico que tiene control sobre grandes extensiones del territorio nacional. Lo ocurrido en contra de los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, es un claro reflejo del histórico problema agrario latente en el paí­s. Un tema pendiente de solución, que sigue vigente y que hasta que no se atienda y resuelva la conflictividad agraria de una vez por todas, no será posible alcanzar la conciliación nacional y la armoní­a social. El Estado de Guatemala continúa dando la espalda a la situación agraria e ignorando los derechos que les asisten a los guatemaltecos. El Estado con sus polí­ticas represivas, excluyentes y discriminatorias, sigue expulsando a sus nacionales y manteniendo viva la llama de la conflictividad social.

Siempre lo he sostenido y ahora lo reitero; luego de la firma de los Acuerdos de Paz, lejos de construir democracia y cultura de paz, el Estado de Guatemala ha estado aplicando una especie de extensión del proyecto contrainsurgente, que se expresa algunas veces con métodos sofisticados y otras con medidas cosméticas, pretendiendo hacer creer que la situación económica y social de la población está mejorando. Lo que observo luego de casi 15 años de la Firma de la Paz, es un tejido social fragmentado, indicadores sociales deprimidos, más pobreza, desnutrición, mortalidad materno infantil, discriminación, desigualdad y represión.

Me parece que el Estado dominado por élites oligarcas, mantiene el afán de consolidar el modelo neoliberal y aumentar sus ganancias capitalistas, mediante los megaproyectos contemplados para la Franja Transversal del Norte, así­ como, favorecer los intereses exógenos de empresas transnacionales a través de la explotación agraria de monocultivos para la producción de biocombustibles o la extracción de minerales estratégicos y metales preciosos. En ese sentido, el Estado seguirá siendo represivo y expulsor de sus propios nacionales.