El asesinato del guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustí­n, en México, señala una realidad: el involucramiento impune de agentes municipales, así­ como de otras corporaciones, y la indolencia para actuar y no castigar –de acuerdo con la ley– de las principales autoridades de los estados. Cardona Agustí­n fue detenido por policí­as del municipio de Tultitlán, Estado de México, quienes lo entregaron a miembros del crimen organizado en la patrulla 203 y, luego, asesinado a pedradas.

El jefe de la policí­a de Tultitlán, Ramón Calzada, quien tampoco ha sido capturado por su complicidad con miembros del crimen organizado, sin realizar ninguna investigación, no tiene ninguna calidad moral para colocarse como defensor de agentes a su mando, quienes asesinaron a un migrante y, con desfachatez, defiende a subordinados que actuando públicamente cometieron el delito. El actual gobernador ha sido incapaz de reaccionar. Le interesan más los eventos sociales y la vinculación con artistas pues en breve dejará el poder.

Lo más grave del caso es que la polí­tica del presidente mexicano Felipe Calderón, que no es contra la migración, se ve afectada por este hecho –al cual se unen otros asesinatos de migrantes–. La acción policiaca –realizada en forma brutal en el interior de México contra migrantes indocumentados– parece que fuera a propósito y tuviera el fin de colocar en entredicho las buenas relaciones de Guatemala con esa nación. Además, no persiguen en los estados mexicanos a quienes se escudan con el dinero del narcotráfico para cometer agresiones que les arrebatan la vida a quienes utilizan territorio mexicano para trasladarse a Estados Unidos.

Aunque no pueden desconocerse las actividades de grupos mexicanos a favor de los migrantes, si puede afirmarse que en los estados mexicanos existe un hostigamiento social consentido por autoridades de diferente tipo que ven al migrante como un sujeto fácil de esquilmar. Y la pregunta es: ¿Cuánto dinero pueden obtener de personas que en extremos de pobreza y miseria han conseguido unos centavos para viajar arriba de los vagones de un tren? Y en la actualidad, entregados a grupos del narcotráfico para obligarlos a integrarse a sus filas. Esta es la acción que les ha sido encomendada a las policí­as municipales de México “fruto de una sorda xenofobia”, como lo señala el destacado articulista mexicano Miguel íngel Granados Chapa, quien añade: “Como primer resultado del acoso comunitario un joven guatemalteco fue asesinado en circunstancias tan terribles como inaceptables, y un albergue tendrá que cerrar sus puertas y ser instalado en otro lugar”.

Con el asesinato de Julio Fernando, las guatemaltecas y los guatemaltecos nos sentimos mancillados. Nadie merece una muerte tan violenta y sin el menor respeto a su dignidad, como ocurrió con Cardona Agustí­n. Los estados y municipios mexicanos deben detener esa ola de corrupción de los agentes que deben velar por el cumplimiento de la ley y no aprovechar su cargo para cometer atrocidades o detener migrantes para estafarlos.

La persecución a migrantes la realizan más de treinta agrupaciones. Este aspecto es prohibido por la ley, pero en los municipios, se realiza en forma impune la captura de migrantes, mujeres, hombres, y menores de edad para esquilmarlos, aspecto que vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ninguna persona puede actuar vulnerando la ley. Y esto lo debe tener presente Ramón Calzada, flamante jefe de la policí­a de Tultitlán, y menos ponerse a las órdenes de asesinos a los cuales México combate con todos los factores que le permite la ley y con un alto costo de vidas humanas (final).