Lic. Oscar Clemente Marroquín
Vespertino La Hora
Guatemala
Estimado señor Director:
Las recientes publicaciones de La Hora, especialmente el editorial del viernes 16 de marzo de 2007, me hacen dirigirme a usted, para aclarar lo siguiente:
En su editorial hace mención de los caprichos de inconformidad de las organizaciones de derechos humanos ante la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, al elegir la terna presentada al pleno, integrada por Sergio Morales, actual PDH, el diputado íngel Mario Salazar, y el abogado Ramón Cadena.
Las organizaciones tenemos bien clarito que es en el Congreso donde se hacen las leyes y se toman otras decisiones, y que son los diputados los que ejercen el voto. Y que para eso se les paga, y bien bonito, y que ese es su papel constitucional. Se supone que la posición de los partidos deberá ser la que expresen las bancadas. Se supone de la mayoría de los partidos, aunque sabemos que hay sus excepciones.
Creemos también que intencionalmente o no, el centro de la discusión mediática se ha centrado en un diálogo de sordos que enrarece el ambiente político y no permite ver con claridad dónde está el punto débil del proceso, señalado por las organizaciones. No estamos en contra de nadie, ni estamos apoyando a nadie y no pretendemos imponer nuestra voluntad, porque no es a nosotros a los que nos toca elegir en este caso.
Es sobre el mecanismo que las organizaciones llamamos la atención. El voto en la Comisión fue secreto. Y aunque legalmente están facultados para hacerlo, no aporta nada positivo ni constructivo a la cultura política y a la credibilidad de la institución; más bien deslegitima todo un proceso de trascendencia nacional, como lo es la elección del PDH, cuando se da la espalda a la transparencia. De las pocas instituciones que tienen credibilidad frente a la población, la PDH es quizá hasta el día de hoy la principal. No queremos dejar de llamar la atención sobre un pequeño, pero fundamental detalle que podría hacer terminar mal con esta historia. Desconocemos cuál fue la posición de los diferentes partidos al definir la terna. Ni la prensa ni nadie da fe de nada. Más de un candidato salió terriblemente decepcionado al no ver materializadas las promesas de los jefes de bloques y/o de los diputados integrantes de la Comisión. También algunas de las organizaciones sociales participantes en el proceso. Pero ese no es el punto.
El punto es que ni siquiera los mismos secretarios generales de los partidos representados en la Comisión, primero y en el Pleno después, tienen certeza de los votos emitidos por sus representantes diputados. Menos aún cuando la próxima ronda es en el Congreso. Un Congreso que sin duda alguna, no obstante la débil simpatía de la población como cuerpo colegiado, se dará el lujo de votar también por cédulas, en secreto. Legalidad versus legitimidad. Y mientras el Estado se cae a pedazos en lenta agonía, estas legítimas y constitucionalmente reconocidas manifestaciones de preocupación sobre el mecanismo utilizado resultan ser estornudos de lobo sobre la casa del cuento que pareciera estar a punto de derrumbarse. Y en este caso algunos medios han contribuido, voluntaria o involuntariamente que sea, en el juego del teléfono descompuesto, y que ha visto reclamar la legalidad y soberanía de sus acciones a los miembros de la Comisión, tales como la diputada Conchita Mazariegos del PAN y el diputado í‰dgar Rodríguez de la UNE, haciendo ver a las organizaciones fuera de todo contexto al afirmar que son caprichos y no aportes de legitimidad y participación lo que las organizaciones damos al proceso y decisión final que el Congreso debe tomar.
También nos preguntamos sobre los financiamientos. Cuánto le costó la campaña a cada candidato y quién les financió y con cuánto, son preguntas que saltan a la mente de cualquier personas con dos dedos de frente con todo derecho. Y es legítimo preguntarse esto, sin por ello dañar ni la credibilidad ni la autoridad de instituciones y funcionarios.
Sobre este tema y sobre el mecanismo debieran pronunciarse los candidatos de la terna, ya que ni ellos deben tener certeza sobre cuál fue la posición de los partidos y saben que no tienen seguras todavía todas las manos en el Congreso. Más allá del indispensable plan de trabajo, abordar estos dos temas es fundamental para saber qué tipo de procurador tendremos en adelante.
Secil Oswaldo de León
Colectivo de Organizaciones Sociales COS