Las ví­ctimas de extorsiones podrí­an recibir llamadas de larga distancia, de pandilleros ubicados en El Salvador u Honduras que forman parte de estructuras criminales con modernos y complejos sistemas de comunicaciones, y que incluso podrí­an mantener contacto con organizaciones más fuertes de la región.

A medida que avanzan las investigaciones sobre las extorsiones –una de las actividades  más lucrativas de las pandillas–, las autoridades se sorprenden cuando se encuentran con las nuevas y sofisticadas formas de operar de las organizaciones criminales.

Esta vez se trata de llamadas de larga distancia y transacciones bancarias internacionales, que realizan pandilleros ubicados en El Salvador u Honduras para exigir dinero a sus ví­ctimas en Guatemala.

Así­mismo, las amenazas se dan desde el territorio guatemalteco hacia sendos paí­ses, y así­ también ocurre entre esos dos.

Es un triángulo de delincuencia organizada, que acaba con la creencia que la amenaza para las ví­ctimas de extorsiones se encuentra a la vuelta de la esquina.

Un análisis de la Policí­a Nacional Civil (PNC) de Guatemala refiere que ya han identificado a extorsionistas, que desde la cárcel El Boquerón exigen entre US$3 mil y US$5 mil a sus ví­ctimas en El Salvador.

En ese centro carcelario, ubicado en la localidad de Santa Rosa, se encuentran recluidos unos 181 integrantes de la clica MS-13.

Según la PNC, los responsables de esos hechos mantienen un perfil bajo para realizar llamadas de larga distancia y las transferencias monetarias en un banco ya identificado.

Según las pesquisas, los grupos delincuenciales del Triángulo Norte, extorsionan a ciudadanos de dichos paí­ses, crean alianzas estratégicas para no ser identificados en su paí­s de origen y se reparten las ganancias obtenidas de este delito.

El 9 de noviembre del año pasado, la Fiscalí­a Contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público (MP) alertó sobre las extorsiones en  Guatemala, El Salvador y Honduras.

“Estamos identificando quiénes son los que hacen llamadas de El Salvador en territorio guatemalteco y lo estamos haciendo recí­procamente con los tres paí­ses. También estamos investigando llamadas de Guatemala que surten efectos en El Salvador”, declaró en aquella ocasión el Fiscal Contra el Crimen Organizado, Rony López.

El 16 de julio del año pasado, Diario La Hora documentó el hallazgo de una computadora portátil en la cárcel del Boquerón, módems inalámbricos, guí­as telefónicas y evasoras de bloqueador de llamadas.

Estos elementos revelan cómo los grupos criminales, con presencia en la región, cuentan con modernos y complejos sistemas de comunicaciones, y que según expertos, podrí­an tener relación con organizaciones más fuertes y consolidadas, como Los Zetas. (Lea Zetas y pandillas)

VíNCULOS REGIONALES
Según expertos en seguridad, el crimen organizado absorbe el liderazgo de las pandillas a través de las diferentes tipologí­as delictivas, es decir, asesinatos, tráfico ilí­cito de drogas y sobre todo, en extorsiones.

“La primera teorí­a que hay que sustentar apunta a que (el crimen organizado)  necesitan alguna relación con estos grupos de jóvenes para determinadas tareas que ellos no van a realizar. Esas tareas pueden ser de cualquier tipo: hacer vigilancia, trasladar cosas, incluso distraer a la autoridad para que ellos hagan alguna cuestión especí­fica, incluso se ha sabido que dentro de la Mara también se da como una actividad el sicariato”, afirma Mario Mérida, experto en seguridad.

Según Mérida, sí­ existe relación directa o indirecta entre los criminales altamente organizados y las pandillas, debido a que son organizaciones que funcionan con una estructura especí­fica.

“Cuando hablamos de ese universo del crimen organizado, directa o indirectamente hay una interrelación entre los grupos criminales y aquellos otros grupos que pueden ser útiles, como funciona cualquier organización”, afirma.

A criterio de Cynthia Fernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el crimen organizado absorbe a las pandillas a través del narcomenudeo a nivel local, lo que hasta este momento permite identificar algún tipo de ví­nculo.

“Muchos de los narcotraficantes utilizan a las pandillas para narcomenudeo y ellos son los que se vuelven los distribuidores de la droga a nivel local, eso sí­ está comprobado”, resaltó la profesional.

Fernández considera que las autoridades deben realizar una polí­tica de prevención, pero, también analizar si podrí­a existir relación entre dichos grupos del crimen organizado, a través de inteligencia.

“La autoridades para empezar deberí­an tener una polí­tica de prevención juvenil para evitar que el fenómeno aumente, además deberí­an hacer los análisis de inteligencia para que en ese caso puedan determinar si los grupos están vinculados”, resaltó.

¿PREVENCIí“N DE VIOLENCIA?
Eluvia Velásquez, coordinadora de Proyectos de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), ve con preocupación la realidad de Guatemala, en materia de prevención del delito, principalmente porque no existen propuestas para erradicar la violencia juvenil que ahora se ha fusionado.

“Es incierta la realidad de Guatemala, ¿qué va a pasar con todo esto?, mientras las cosas se sigan dando como hasta ahora, sin una alternativa pronta o una posible solución, es difí­cil prevenir la violencia con estos dos grupos (pandillas-narcotraficantes) que son activos en violencia”, destacó la entrevistada.

Según indica, el problema latente es saber si el nuevo gobierno asumirá las prácticas adecuadas para atender la problemática, que no se soluciona precisamente con más violencia, indica.

“No sabemos si el gobierno que va a ingresar va a traer las alternativas necesarias, hemos leí­do algunos planes de gobierno pero no son los adecuados, (Leyes Antipandillas y pena de muerte), no son esas las medidas, porque si esto sucede, va a explotar una bomba, una gran guerra”, destacó la activista social.

Según la representante de Aprede, –quien trabaja desde hace mucho tiempo con jóvenes en riesgo y en rehabilitación– las pandillas y los narcotraficantes están fusionados desde hace aproximadamente dos años, pero las autoridades prefieren evadir la responsabilidad, puesto que no les conviene develar la situación, ya que próximamente entregarán el paí­s al nuevo Mandatario.

“Es un fenómeno que se viene dando desde hace dos años, todaví­a está bajo la sombra, el gran problema es que no se han utilizado las técnicas necesarias para ir calmando la situación, son cuatro meses que le quedan a las autoridades de vigencia en el paí­s, no les conviene decir que está pasando”, concluyó Velásquez.