A partir de la vigencia de la actual Constitución, las corporaciones municipales que entraron a fungir el 15 de enero de 1986 fueron electas como gobiernos municipales, integradas por un concejo consistente en un alcalde, síndicos y concejales electos directamente por sufragio universal secreto; a diferencia de sus antecesores contaron con significativos ingresos que no tenían que recaudar sino sólo recibir.
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De los 333 municipios que actualmente existen, dos terceras partes de sus alcaldes buscan la reelección; si les preguntamos a los candidatos o a los ciudadanos en cada municipio por qué es la aspiración de reelegirse seguramente la mayoría no sabría explicarlo, mucho menos justificarlo.
Previo a la actual Constitución, las alcaldías económicamente dependían de poquísimos impuestos, tasas y arbitrios, no contaban con un aporte económico que les permitiera desarrollar suficientes obras y acciones municipales. Esto cambió al establecerse en la Carta Magna la obligación de una asignación para las comunas, incluida en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, porcentaje que en los primeros años fue de un 8 por ciento y que en la reforma constitucional de 1994 se elevó a un 10 por ciento, destinado en un 90 por ciento a programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio, más el diez por ciento restante que puede utilizarse para financiar gastos de funcionamiento.
A ese ingreso se le agrega que se ha legislado que el Impuesto de Circulación y el de Derivados de Petróleo se les asignen a las municipalidades en un significativo porcentaje y más importante aún, el aumento del IVA –llamado IVA-PAZ– se le asignó también un significativo porcentaje a todas las municipalidades. Por ello, hoy los gobiernos municipales manejan millones que no tienen que recaudar, a lo que se adiciona el Impuesto íšnico Sobre Inmuebles que constantemente la mayoría de municipios eleva, logrando así que el presupuesto de las principales municipalidades del país y del departamento de Guatemala, en particular, sean mayores al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la mitad de los ministerios del Ejecutivo. Esto ha hecho que los alcaldes creen fideicomisos, empresas municipales no fiscalizables y una amplia burocracia sin que se sepa quiénes son, qué hacen y cuánto perciben en salario, vehículo, combustible, pilotos, seguridad y demás.
Esa es la explicación por la que muchos alcaldes pretenden reelegirse; por tanto, deben ser cuidadosamente analizados, conocerse sus ingresos y gastos, cómo se comprometen a mejorar y garantizar el servicio de agua potable, alumbrado público, drenajes, recolección y manejo de basura y cómo apoyarán la seguridad ciudadana. Sería positivo que cada municipalidad se comprometa a publicar trimestralmente sus ingresos y egresos.
En la capital por primera vez en muchos años se cuestiona si debe o no reelegirse a ílvaro Arzú, tres son sus principales contendientes. Tanto es el deseo de poder ser electo que la inversión en propaganda de uno de los aspirantes es superior a la mayoría de la inversión de los binomios presidenciales y de los diputados postulados.
La pregunta electoral es si vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Esa respuesta no es fácil de dar, lo que sí debemos requerir es la transparencia de los ingresos, egresos municipales, su nómina de empleados y asesores, para el bien de todos.