Los sindicatos en España convocaron hoy movilizaciones de protesta contra una iniciativa de reforma constitucional que obligaría al gobierno a mantener bajo su déficit.
Según los dirigentes sindicales, el gobierno socialista adopta políticas económicas neoliberales y actúa aprisa sin el debate público apropiado en momentos en que se acerca la conclusión de su período y se efectuarán elecciones anticipadas el 20 de noviembre. También dijeron que el gobierno está cediendo a la presión de los mercados que encareció el crédito a España y atiza los temores de que el país necesite recurrir a un rescate financiero.
Ramón Gorriz, de Comisiones Obreras —la principal central sindical de España_, dijo que fueron convocadas protestas callejeras para el miércoles y jueves en todo el país y para la próxima semana en Madrid.
Una vez más se trata de ofrecer un sacrificio ante «el altar» de los mercados, afirmó Gorriz en referencia a la propuesta gubernamental un día después de la protesta contra la austeridad que se efectuó en Madrid.
Toni Ferrer, de la Unión General de Trabajadores, dijo que con la reforma «se pretende dejar amarrado para el futuro el recorte del estado del bienestar», según señaló la agencia noticiosa Europa Press.
La iniciativa de reforma para un bajo déficit tiene el apoyo de los socialistas en el poder y de los conservadores en la oposición. Es previsible que sea aprobada el viernes en la cámara baja del Parlamento y sea remitida después al Senado.
La aprobación de la iniciativa tiene cierto carácter de urgencia debido a que el 27 de septiembre queda disuelto el Parlamento, y si para entonces la propuesta no ha recibido luz verde tendrá que esperar hasta la próxima legislatura.
España afronta dificultades para superar la recesión de casi dos años en la que ha estado inmersa, propiciada principalmente por el derrumbe del mercado inmobiliario y el fin del consumo que había estimulado el crédito.
La tasa de desempleo es de casi 21% —casi 45% para los jóvenes— y persiste la debilidad del crecimiento económico.
El interés que pagan los bonos del gobierno —un indicador directo del nerviosismo de los inversionistas hacia la deuda del país— se había disparado a niveles sin precedentes a principios de agosto, pero descendió gracias a la intervención del Banco Central Europeo, que compró documentos españoles por miles de millones de euros en el mercado secundario.