Hice un viaje por varios municipios de Alta Verapaz, región poblada por mayoría maya quekchí y pocomchí. Empecé en Tactic para llegar a Panzós. En el trayecto saliendo por San Julián, durante un recorrido de unas cuatro horas por una ancha carretera de terracería en construcción; entre microclimas con largos tramos de aguacero, fango, hoyos por doquier, derrumbes y contraste de sol, resequedad y polvo excesivo; pasé por la Tinta, Telemán y Panzós, municipios de la conflictiva región del Polochic, escenario histórico de sangrienta represión del Estado, oligarcas y terratenientes, así como resistencia y lucha de los pueblos originarios, por el uso, defensa del territorio, respeto a su identidad étnica y cultural.
Llegando a Panzós, es contrastante ver la monumental infraestructura del ingenio Chabil Utzaj y hasta perder la vista, miles de caballerías sembradas con caña de azúcar, muchas de las cuales les fueron arrebatadas con violencia a las comunidades mayas; de hecho, están marcadas con sangre indígena y campesina, ahora destinadas a cosechar materia prima para producir agrocombustibles, un meganegocio de oligarcas nacionales con socios extranjeros; que pone en riesgo la seguridad alimentaria de los seres humanos.
En comunidades rurales, es palpable la inmensa desigualdad y discriminación social existente; niños trabajadores desnutridos, harapientos y descalzos, poblaciones sin agua potable. Estuve en los ranchos, hechos con varas de caña, carentes de servicios y condiciones de vivienda digna. Lugares olvidados donde la niñez y juventud no tienen acceso a estudios básicos por falta de establecimientos educativos. Esa lacerante realidad social y económica, producto del sistema capitalista, contradice el discurso del bien común.
Percibí temor entre la gente por la presencia constante de hombres armados al servicio de los propietarios del ingenio azucarero y de otros terratenientes nacionales y extranjeros, quienes intimidan a los pobladores. Aunque es período electoral propicio para el ejercicio de derechos políticos y ciudadanos, constaté que afiliados del partido UNE, portan pistolas en la cintura, provistos cada quien de dos o tres tolvas; supe de amenazas e intimidaciones contra dirigentes comunales por parte del partido de mano dura. En tales condiciones, creo que estos hechos limitan la participación ciudadana, restringen los derechos políticos y libertades de la ciudadanía garantizadas en la Constitución Política de la República. Esas situaciones concretas que están ocurriendo en esa región, ponen en duda la libre elección y participación del ciudadano, la pureza electoral e institucionalidad democrática.
En esos lugares la contaminación visual por la propaganda electoral, es menos saturada y ostentosa que la que uno ve en los grandes centros urbanos. En las comunidades rurales es casi nula e inexistente la presencia propagandística de los partidos políticos. Por lo que conversé con los habitantes, deduzco que los políticos tradicionales, no son bien recibidos en el área rural. Los observadores electorales deben estar presentes en los centros de votación de esa región, pues en algunos municipios, comités cívicos disputan con los partidos políticos el poder municipal, que los segundos temen perder como nicho de tráfico de influencias y corrupción.
P.S. Mañana se cumplen 29 años de impunidad por la masacre de indígenas quekchíes en el caserío SEGUAMí“, CHAJBELí‰N, CAHABí“N, Alta Verapaz 1982.