Luis Archila, presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dice desconocer las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, realiza sobre jueces y magistrados. De presentarse denuncias, la CSJ seguirá su protocolo establecido, asegura.

El pasado 11 de agosto, Diego ílvarez, vocero de la CICIG, informó que un equipo interno ya habí­a sido conformado y que estaba analizando casos  determinados por el Ministerio Público.

Al ser consultado hoy, Archila dijo desconocer estas acciones, “yo ignoro realmente cuál es la actividad de la CICIG en ese sentido, únicamente me he enterado por la prensa de que dicen que existe alguna investigación, yo no la conozco”, dijo.

Los jueces y magistrados organizados se opusieron a que la CICIG conforme un grupo que han denominado “paralelo” para investigarlos.

SU PROPIA INVESTIGACIí“N
El presidente de la CSJ dijo además que la instancia que representa cuenta con sus propios métodos de investigación, por lo que “si en su oportunidad la CICIG o cualquier ciudadano, presenta una denuncia contra un funcionario, juez o magistrado del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia, por convicción propia, por aplicación de su principio cero tolerancia, definitivamente tomará las acciones legales que considere convenientes”, aseguró.

Las medidas que señala Archila corresponden a que la investigación sobre el caso se llevará a cabo de parte de la Supervisión General de Tribunales, cuya opinión se traslada al Régimen Disciplinario. Pero si se trata de empleados administrativos, quien hace la investigación es la Auditorí­a Interna. 

NO ES DESPIDO
Archila también se refirió al traslado de la jueza Verónica Galicia, a lo cual la Asociación de Jueces y Magistrados ha denominado como un  “despido indirecto”,  el titular de la CSJ dijo que no se trata de eso si no de un traslado de un juzgado a otro, “ella sigue conservando su puesto de Jueza de Primera Instancia, sigue conservando su seguridad”, dijo y descarta además que esto tenga algo que ver con opiniones del ente internacional o con el caso Siekavizza.